El presidente Javier Milei abrió una ventana de negociación con los gobernadores al plantear que se revisarían los cambios en lo relativo al impuesto a las ganancias. Sería el camino para que recuperen parte de la coparticipación perdida cuando la mayoría de los mandatarios apoyaron la decisión del exministro y excandidato de Sergio Massa, quien les prometió “compensarlos” por otra vía, lo que no ocurrió.
Claro que para la Nación el volver atrás con esas modificaciones no es gratuito, ya que implicaría un golpe para los bolsillos de los sectores medios de la sociedad. El ministro del Interior, Guillermo Francos, será clave en las negociaciones que empiezan a partir de ahora, tras los anuncios económicos del martes de Luis Caputo.
Si bien los mandatarios de todos los partidos promovieron, hace unas semanas, que se coparticipe el 50% del impuesto al cheque, la nueva conducción de la Anses encendió luces de alerta ya que esa carga financia al organismo. La Casa Rosada necesita de un puente con los mandatarios provinciales porque requiere de su colaboración para aprobar los proyectos que impulsará en el Congreso.
Economía adelantó que habrá una “reversión” de la reforma de Ganancias por lo que las provincias recuperarían al menos una parte del $1,8 billones que perderían en 2024 si las modificaciones se mantienen. El reparto del impuesto es: 40% para el Tesoro Nacional y 60% que se distribuye entre las provincias.
La reversión debería pasar por el Congreso de la Nación, donde, hace apenas unos meses, el 19 de septiembre, Milei, en su rol de diputado nacional, votó junto con el kirchnerismo la eliminación de Ganancias, el mismo tributo que ahora quiere restablecer como moneda de cambio con los gobernadores.
Durante la campaña electoral, Patricia Bullrich se opuso a los cambios de Ganancias, por lo que ahora se especula con que los legisladores que le responden votarían la marcha atrás. El tema, además, abre una grieta entre los gremios que asumieron los cambios como una reivindicación y los gobernadores. Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, ya lanzó una advertencia para los mandatarios provinciales.
Los mandatarios tienen otro punto más que buscan negociar: la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), en el que el stock de deuda acumulada al 31 de marzo último es de $186.000 millones. Una idea que impulsan algunos es que se transforme en una suerte de “fondo de convergencia” con “parámetros de reparto objetivos”. Lo podría gestionar el Ministerio del Interior que, por decreto, perdió el manejo de los fondos por fuera de la coparticipación, que pasó a Luis Caputo.
Ese fondo que barajan algunos terminaría “premiando” a los distritos que mejor comportamiento fiscal tengan, con lo que seguramente no será apoyado por administraciones que -sin condicionamiento- pueden usar el dinero que viene del Tesoro Nacional.
Por fuera de la coparticipación
Algunos gobernadores también se refirieron a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, e indicaron no pueden hacer declaraciones porque “no hay nada por ahora” ni tampoco “hay precisiones”.
“A partir del día del martes estamos en un escenario todavía mucho más complicado, así que vamos a ponernos inmediatamente a trabajar en esto”, dijo el bonaerense Axel Kicillof que habló en el acto de jura de sus ministros.
Por su parte, el sanjuanino Marcelo Orrego (JxC), calificó de “duro” el paquete de anuncios y sostuvo que saldrá a buscar financiamiento para la obra pública.
Esos giros son los que manejará ahora Economía e incluyen desde transferencias de capital a los ATN incluyendo asistencias puntuales para emergencias ambientales o financieras. Este año tuvieron un pico en la campaña electoral (subieron fuerte en setiembre, octubre y noviembre), aunque en los 11 meses cerrados cayeron 3% real interanual.
Estas transferencias no automáticas no se ajustan a ninguna norma o regla de distribución como sí ocurre con coparticipación federal que depende, para sus cambio del Congreso. Los giros por fuera los maneja directamente el Poder Ejecutivo por lo que, históricamente, tuvieron sesgados por simpatías partidarias.
En marzo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fijó un límite: “A fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos y, a la vez, proteger los ingresos reales de jubilados y pensionados y empleados del sector público”. En ese sentido, el compromiso fue tomar “acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”.
