Este miércoles por la mañana, la Legislatura de la Ciudad, estaba atípicamente recargada de reuniones polémicas. Mientras por un lado, la subsecretaria de Promoción Social y ex legisladora porteña María Soledad Acuña exponía frente a la Comisión de Mujer; en el Salón Montevideo, los legisladores y legisladoras miembros de la Comisión de Justicia discutían un variado temario.
Dentro de ese temario, un par de proyectos del PRO generaron la polémica. Uno del Jefe de Gobierno y otro de los legisladores Cristian Ritondo y Gerardo Ingaramo, ambos para que se cree un registro de huellas genéticas digitalizadas.
El debate, tuvo como conclusión la unificación de ambos proyectos y la incorporación de varios aspectos. Fernando Sánchez, por la Coalición Cívica, pidió incorporar que "el personal a cargo del registro sea elegido mediante un concurso público y de oposición de antecedentes". Su punto fue aceptado.
En tanto, el mismo Sánchez, Rafael Gentilli, Julio Raffo (Proyecto Sur) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) manifestaron una serie de dudas sobre la "competencia" de la Ciudad para crear un registro "vinculado a la identidad de las personas", así como también respecto de la confidencialidad de los datos del registro.
Atendiendo a esto, el legislador Sánchez propuso realizar una jornada con expertos en derecho constitucional y genetistas para responder las dudas de los legisladores antes de continuar avanzando con el tratamiento del proyecto. El presidente de la Comisión de Justicia, Gerardo Ingaramo, aceptó la propuesta y realizarla el próximo miércoles a las 11 horas.
Atento al interés de los legisladores de evacuar dudas, el presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Borrelli, sugirió que la jornada se realice de forma conjunta con los miembros de aquellas comisiones a las que el proyecto tiene giro (Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales), e invitar a otras que también podrían estar interesadas como Derechos Humanos y Presupuesto.
Concluida esta discusión, los legisladores trabajaron sobre el proyecto de resolución del diputado Oscar Moscariello respecto de la integración de jurados para la seleccion de magistrados funcionarios e integrantes del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad.
En este punto acordaron que la Legislatura propondrá "42 candidatos, 6 por cada una de las especialidades, que serán seleccionados en base a la representatividad de las fuerzas dentro de la Legislatura", en base a acuerdos logrados en la Comisión de Justicia (única comisión que trata el expediente antes del llegar al recinto).
El proyecto original de Moscariello propone 3 candidatos por disciplina por el PRO y deja libres 3 para la oposición.
Raffo remarcó que los diversos bloques envíen a la comisión sus listados de candidatos "con los respectivos currículums" para poder analizar cuales están en condiciones de convertirse en quienes seleccionen a los futuros jueces porteños.
"Personas asociadas a la defensa de intereses particulares no me parecen que sean apropiados para elegir jueces", dijo el legislador de Proyecto Sur en clara alusión a algunos candidatos del oficialismo porteño que tienen entre sus clientes a grandes empresas y a figuras cuestionadas. El legislador macrista Martín Ocampo respondió alegando que "los abogados no comulgamos con los intereses de sus defendidos sino que simplemente representamos a nuestros clientes en el ejercicio profesional".
"Si ustedes empiezan a vetar candidatos, nosotros también", disparó Borrelli, anunciando el inicio de una discusión que será prolongada si no se encuentran rápidamente los acuerdos necesarios.
