En su primer conferencia de prensa, Manuel Adorni, el vocero presidencial, se refirió a las universidades como foco de sangría de ingresos públicos con fines partidarios o como moneda de cambio con otros sectores. De acuerdo a informes que maneja el Gobierno, a simple vista encontraron convenios con casas de altos estudios por trabajos cuyos resultados no encuentran, empleados contratados de manera indirecta, a través de transferencias y, en particular, un pago de $800 millones realizado el 7 de diciembre a dos universidades creadas en el medio de la campaña: la Universidad del Delta y la Universidad de Pilar.
La creación de nuevas instituciones educativas se distribuye con un criterio político. Los intendentes suelen ser los primeros interesados en ellas. En el caso de la Universidad del Delta, empujaron la iniciativa Massa, Juan Andreotti, uno de los mandatarios más fieles al tigrense, y Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y exfuncionario en el Ministerio de Economía.
El radicalismo asociado a Evolución también es una de las principales agrupaciones impulsoras. Emiliano Yacobitti, diputado por la UCR y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, es una de las personalidades con mayor poder en este mundo. Controla gran parte de las facultades, entre las que están Ciencias Económicas y Medicina. El fue el autor de otra ley para la creación de la Universidad Nacional de Saladillo.
A fines de septiembre se crearon la Del Delta, la de Ezeiza, Pilar y también la de Río Tercero. El Instituto de Madres de Plaza de Mayo fue transformado a universidad. Los dictámenes de minoría durante el proceso de debate previo al recinto objetaron el incumplimiento de ciertos requisitos en los proyectos, como un informe de factibilidad, que no fue presentado o la planificación de dictado de carreras. Desde el Ejecutivo indicaron que la idea, en principio, es reconsiderar los aportes que se le transferirán a las instituciones.
En el análisis que se lleva acabo en este momento, se estudian los cientos de convenios firmados entre las universidades y el Estado nacional. En el portal Compr.ar, la plataforma de licitaciones y adquisiciones oficial, aparecen por lo menos 306 adjudicados en la gestión del Frente de Todos, aunque la totalidad es desconocida debido a que no siempre son publicados. En varias oportunidades, los acuerdos entre partes incluyeron estudios de alto perfil cuyos resultados finales no fueron dados a conocer al público, como la auditoría a los planes Potenciar Trabajo. Proliferan las “consultorías” y las contrataciones directas.
Entre los más recientes, a tres meses de dejar el poder, el Ministerio de Desarrollo Social, realizó un convenio con la Universidad de La Matanza para un servicio de consultoría. El acuerdo fue firmado desde las oficinas de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y esposo de Patricia Cubría, precandidata a intendente en el distrito. Fueron transferidos $240 millones para “realizar 1200 operativos de relevamiento que permitan caracterizar los hábitos de consumo e identificar situaciones de consumo problemático en los destinatarios y potenciales destinatarios de las políticas de la Secretaría”. A la misma institución se le pagó $71.280.000 un mes antes desde la Secretaría General de la Presidencia para elaborar un sistema de control y monitoreo de ciberseguridad.
En julio, otros $16 millones salieron del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a la Universidad de San Martín para el “diseño y confección de manuales de procesos con el objetivo de contribuir con la elaboración de diagramas de flujos, teniendo por fin que las tareas realizadas conduzcan a la elaboración de manuales de procedimiento interno que permitan el monitoreo y la mejora de la gestión del Instituto”.
Del total en la web de compras, 84 fueron hechos desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, un 27% tan solo en un área. En septiembre se contrató a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela, para “la realización de un plan de trabajo” con las propuestas actividades a desarrollar en materia de salud para hacer 45 jornadas en El Estado en Tu Barrio, un programa de gobierno. Se le pagó $108 millones.
Las universidades gozan de autarquía y autonomía, por lo que no deben rendir cuentas de sus gastos al Gobierno. En términos presupuestarios, el 4,05% de lo ejecutado en el 2023 por el Estado en lo que va de 2023 corresponde a transferencias a estas instituciones. Son $1.382.146.100.000 en total, más del doble de las que se hacen a instituciones provinciales o del sector privado. La mayoría recibieron más fondos de lo que se había planificado a principios de año, con ejecuciones alrededor del 200%, superior a la inflación. Sin embargo, hay casos en los que los porcentajes muestran transferencias muy por encima del aumento de precios en el período para el financiamiento de gastos de capital.
La Universidad Nacional del Sur, con sede principal en Bahía Blanca, ejecutó el 2.303% de su presupuesto. Le sigue la Universidad Nacional de Entre Ríos, con 2.191% y la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), con 2.131%. En general, son montos reducidos abocados a proyectos de obra o similares.
El grueso presupuestario, sin embargo, son los gastos corrientes. Por encima del 200% de ejecución se encuentran la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Guillermo Brown (Adrogué), la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la de Tres de Febrero, de Villa Mercedes, del Alto Uruguay, la Universidad Nacional José Clemente Paz, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (San Isidro) y la Universidad Pedagógica Nacional.
