El presidente Javier Milei no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación del Estado que dio a conocer la semana pasada. De esa manera, la iniciativa no podrá votarse en el pleno de ninguna de las dos cámaras legislativas hasta el 1° de marzo, más allá de que inicie su tratamiento en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
La norma indica que en el verano el Congreso de la Nación entra en receso, siendo que solo puede tratar los temas que el mandatario enumere en su convocatoria a extraordinarias. Sin embargo, en el listado de once puntos que fijó Milei no incluyó el debate del DNU.
La Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de discutir los DNU, tiene la facultad de autoconvocarse cuando quiera. En ese sentido, el debate se podría iniciar apenas el decreto entre en vigencia el próximo 29 de diciembre. Sin embargo, la comisión aún no está constituida.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del DNU, pero La Libertad Avanza (LLA), que ejercerá la presidencia del cuerpo, buscará ganar tiempo ya que, cuanto más tarde se tome una decisión, mayor será el impacto de las reformas ultraliberales y más difícil será revertir sus efectos. Asimismo, le dará al Gobierno tiempo valioso para generar alianzas con sectores de la oposición con espíritu colaboracionista.
Una vez que se publicó el decreto en el Boletín Oficial, se generó un manto de dudas acerca de la fecha en que entraría en vigencia y también sobre los tiempos legislativos para darle tratamiento. En ese sentido, el Gobierno primero deslizó que la aplicabilidad del DNU tenía efecto inmediato, pero a raíz de las observaciones críticas admitió que comenzará a regir el viernes 29 de diciembre.
En el Ejecutivo son conscientes de que la correlación de fuerzas en el Parlamento es negativa para el oficialismo y habría rechazo en ambas cámaras. Por eso es fundamental para el Gobierno retrasar lo más posible el trámite. El presidente de la comisión, que será el senador riojano de LLA Carlos Pagotto, es quien maneja los tiempos, lo cual constituye una ventaja inestimable para estos designios.
La comisión tendrá 16 integrantes: ocho senadores y ocho diputados nacionales. Al respecto, la representación para cada una de las fuerzas políticas se define en función del sistema de proporcionalidad D’Hont en base a los bloques.
Los ocho lugares para representantes del Senado estarán distribuidos de la siguiente forma: tres para Unión por la Patria (UxP), uno para LLA, uno para la UCR, uno para el Pro, uno para fuerzas provinciales, y uno para Cambio Federal (que sería Juan Carlos Romero).
Para avalar la validez del dictamen se necesitan ocho de los 16 votos. De todos modos, el sentido del dictamen de mayoría es anecdótico ya que lo verdaderamente definitorio para saber si el decreto queda en pie o muere en el camino es el veredicto de los votos en el recinto de cada una de las dos cámaras.
Con que una sola de las dos lo avale, es suficiente para que el DNU conserve su vigencia. Para que quede sin efecto, en cambio, se precisa el rechazo de ambas cámaras.
