La decisión del presidente Javier Milei de pedirle al Congreso que ratifique el convenio para evitar la doble imposición tributaria con el Gran Ducado de Luxemburgo podría atraer inversiones extranjeras, aunque también podría reducir la carga fiscal que afrontan en la Argentina algunas grandes compañías y empresarios, según coinciden los expertos.
Milei remitió al Congreso el convenio con Luxemburgo para que los legisladores lo traten durante el período de sesiones extraordinarias junto a otros cuatro acuerdos con China, Japón, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que fueron suscriptos por la presidencia de Mauricio Macri y que se encuentran pendientes de aprobación legislativa desde hace años.
El nuevo impulso que le dio Milei a esos convenios generó suspicacias en Unión por la Patria y algunos expertos, que consideran que podrían reportarle beneficios especiales a determinadas empresas o empresarios en momentos en que la Argentina afronta una severa crisis, requiere reducir el gasto público y aumentar sus ingresos fiscales.
Guillermo Michel, otrora alfil de Ricardo Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Sergio Massa desde la Aduana, planteó que avanzar con esos convenios significaría “un retroceso en materia de política tributaria y una resignación de potestades por parte de nuestro país” y criticó, en particular, el acuerdo con Luxemburgo. Sostuvo que se trata de un convenio “hecho a medida” de Techint.
Michel también criticó el convenio con Japón: “La Argentina no podrá gravar, ni siquiera con un 10 por ciento, las regalías por asistencia técnica que se paguen a empresas de Japón. Esto beneficia de manera sustancial a la principal automotriz japonesa radicada en nuestro país”, sostuvo en alusión a Toyota.
Es un convenio “tailor-made” para una multinacional con sede en Luxemburgo y actividad en Argentina.
Además, ambos CDIs tienen un costo fiscal “oculto” sustancial ya que “gatillan” la *cláusula de nación más favorecida*, con lo cual muchos países que cuentan con Convenios con…
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) December 23, 2023
Otros expertos disienten, sin embargo. Entre ellos, el socio especialista en Derecho Tributario Internacional de la firma Lisicki, Litvin & Asociados, Alfredo Martínez. “Suscribir un acuerdo para evitar la doble imposición con Luxemburgo es una excelente decisión para cualquier país porque esa jurisdicción se ha convertido en uno de los principales centros financieros del mundo”, destacó. “En un esquema de apertura económica como el que inició el Gobierno, resulta lógico que pretenda que ese y otros acuerdos entren en vigencia y faciliten las inversiones”.
Para Martínez, el acuerdo con Luxemburgo dista de ser un “traje a medida” de alguna empresa o empresario. “Se firmó siguiendo las previsiones del modelo OCDE para evitar la doble imposición, que ha servido de base para la suscripción de miles de acuerdos similares entre países miembros de la OCDE o entre ellos y otros países, e inclusive entre países que no integran la OCDE, así que este acuerdo no tiene ninguna configuración personalizada para algún tipo particular de inversionista con nombre y apellido, local o extranjero”.
Tanto Martínez como Roberto Harteneck, socio fundador de la consultora tributaria Harteneck-Quian y Asociados, consideran que algunas empresas o contribuyentes podrían resultar beneficiados si el Congreso convalida esos convenios, pero que la decisión de impulsar los acuerdos responde al deseo y la necesidad de atraer capitales a la Argentina. “En Luxemburgo hay muchísimo dinero depositado que puede o podría venir al país y estas iniciativas buscan fomentar esas inversiones, sean directas o indirectas”, estimó Harteneck.
Esas inversiones podrían provenir, incluso, de argentinos que tienen activos en Luxemburgo. Según datos del centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cerca de 200 argentinos figuran o figuraron hasta 2020 como beneficiarios finales de sociedades con domicilio en ese ducado. Entre ellos, el holding Techint, que fijó allí San Faustin SA, controlante de Techint Holdings SARL, también luxemburguesa, que a su vez controla al resto de las sociedades del grupo.
Un poco de historia
En la década de 1920 el gobierno de Luxemburgo se inspiró en Suiza y diseñó un sistema legal para atraer al capital extranjero y liberarlo del impuestos sobre la renta. Entre las dos guerras mundiales, los aumentos de impuestos en grandes países europeos convirtieron a Suiza y a Luxemburgo en sitios cada vez más atractivos para que las grandes fortunas resguardaran su dinero.
Con el tiempo, Luxemburgo ofreció una multiplicidad de servicios financieros en simultáneo que otros paraísos fiscales suelen ofrecer de manera individual, a saber: el traslado de beneficios de las multinacionales, la incorporación de fondos mutuos, la gestión patrimonial, la gestión patrimonial privada y la creación de empresas pantalla, entre otros. Pero especialmente, Luxemburgo ofrece rebajas fiscales. Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en el país se sitúan en alrededor del 25 por ciento, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló como, extraoficialmente, el país permite que cientos de multinacionales construyan estructuras corporativas complejas, a través de las cuales pagan finalmente menos de uno por ciento en impuestos sobre sus ganancias.
De esta manera, el Gran Ducado es el paraíso fiscal que mejor esconde el vínculo entre una empresa y sus dueños. Siguiendo la ruta del Grupo Techint y Paolo Rocca a modo de ejemplo: Luxemburgo es sede de Techint Holdings S.A.R.L., propietaria de las mayorías controlantes de Tenaris S.A. y de Ternium S.A. (también radicadas allí), controlada por San Faustin N.V., que a su vez está en manos de Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin, radicada en los Países Bajos, otro destino para quienes buscan baja tributación.