Como en una escena de película, decenas de efectivos policiales irrumpen con sus escudos y armas largas en el popular aguantadero El Cañonero. A esa hora, quienes ordenaron el allanamiento en busca de paco no están en sus despachos, aunque tienen la firme decisión de ir contra el reducto narco más popular de Once. El Cañonero, a un mes de ser allanado, volvió a la venta de narcóticos con una custodia de la Seccional 8 en su ingreso.
El Cañonero no es el único caso de transas de paco (nueva denominación popular a los narcotraficantes) que enfrenta el juzgado federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres. Por ello, Noticias Urbanas reconstruyó, con fuentes oficiales, el trabajo que se inició en diciembre para perseguir con énfasis a los comerciantes de pasta base y no a sus consumidores, los paqueros.
La maquinaria que enfrenta a los capitalistas del llamado ?veneno de los pobres? es el juzgado federal Nº 12, junto a una división antipaco de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trata de una alianza que respaldan personalmente el ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y la legisladora María Elena Naddeo.
Desde el despacho de Torres y la unidad antipaco, a cargo del comisario Enrique Villarreal, coinciden en que los transas de paco conforman pymes. ?No son mafias sino bandas criminales barriales que importan cocaína para convertirla en paco y venderlo en el mercado local. El fraccionamiento es el negocio y nunca venden sólo paco, lo suman a la merca y la marihuana? repiten por separado policías y judiciales.
Las investigaciones que vienen realizando en conjunto los despachos judiciales y los azules no han alcanzado aún la pista de lavado de dinero ni cuentas bancarias, tampoco a los funcionarios (policiales, judiciales y políticos) cómplices. Y menos aún, a los laboratorios de estupefacientes.
Los investigadores, de traje y uniformados, consideran que los vendedores de paco no manejan una importante cantidad de volumen aunque creen que el constante consumo y valor de una dosis de paco (entre 10 y 15 pesos) equipara o supera los gastos de un consumidor de cocaína.
En las oficinas del juzgado Nº 12, ubicadas en el cuarto piso de los tribunales de la avenida Comodoro Py, han filtrado a este medio que lo decomisado en envoltorios de paco, desde enero hasta la fecha, son siete millones de dosis. El cálculo deriva del total de la cantidad de alcaloide confiscado, que hace cerca de un mes fue analizado por el laboratorio de la Federal.
Esto permitió determinar por primera vez con precisión los ingredientes del paco. Los expertos, que se niegan a dar la cara en una nota, señalaron a este semanario que ?alcaloide puro es paco; clorhidrato de cocaína es merca, y sulfato, pasta base?.
Las zonas de operaciones que concentran las bandas son tres villas: la 1-11-14, en el Bajo Flores; la 31, en Retiro, y la 15, en Mataderos, sumadas a algunas en Once y Constitución. ?Detuvimos a unas 100 personas en unos 150 allanamientos. La mitad de los narcos ya tienen condena firme?, puntualizan desde el juzgado.
En este negocio es inevitable defender la mercancía, de los competidores o de alguna avanzada judicial. Por ello, el tráfico de armas es otro de los negocios que descubrieron los investigadores. ?Decomisamos un chaleco de una fuerza de seguridad, 500 municiones de FAL, escopetas recortadas, armas Magnum y otras 30 armas?, confiaron a Noticias Urbanas fuentes judiciales cercanas a la causa que investiga Torres.
La conexión de los traficantes con otros ilícitos, que no se reducen sólo al tráfico de armas, es otra deuda de los investigadores. Tuvieron sólo un caso de un peruano que habitaba un taller textil, y además pudieron comprobar la conexión internacional de una banda de dominicanos liderada por un nigeriano en Constitución. Jamás dieron con la conexión evidente del regenteo de mujeres y niñas vinculado al tráfico de drogas, algo que desde hace años la sociedad civil denuncia abiertamente.
Por los barrios, la situación es diferente. Los aguantaderos narcos, según estos nuevos especialistas antipaco, se concentran en las casas y hoteles de pasajeros ocupados, estilo El Cañonero. ?Ahí tenés 40 familias con varios transas. Se hace dificultoso definir la habitación exacta donde operan. Es que siempre están rotándose de cuartos y nada queda registrado?, cuentan por Once.
En las barriadas al sur de la avenida Rivadavia, el laberinto de casas y cables es ideal para plantar atómicos depósitos narcos conectados por timbres de alertas. ?Es vital dar con los miembros de la organización, pero esto resulta difícil: se fugan. Es que estamos a dos cuadras de una casilla y cuando llegamos encontramos las municiones, algo de droga y algunas planillas con nombres y la plata que tienen que devolver o lo que compraron. Una vuelta dimos con un depósito (habitaciones de dos por dos con aire acondicionado, una cama, y balanzas de medición) que facturó en una jornada casi 200 mil pesos en la villa del Bajo Flores. Pero no agarramos a los narcos?, definieron en off the record las mismas fuentes.
A los vendedores de paco, la cara de los investigadores se les hizo visible. Fue en la Legislatura, hace tres semanas, cuando presentaron una guía con las áreas que deberían asistir a los paqueros, y un libro llamado Paco. En ese primer acto de la alianza antipaco, se escucharon algunos insultos hacia Aníbal Fernández, jefe de Gabinete y ex ministro de Justicia y Seguridad, por parte de algunas madres de hijos paqueros.
Mientras, una rigurosa custodia restringía el paso a las primeras filas: allí se encontraba otro pope de la política, el ex fiscal y actual legislador porteño Aníbal Ibarra. Tampoco pasó desapercibida la presencia de un comisario de la división de Drogas Peligrosas, conocido por conducir la represión a los cartoneros de la cooperativa del Centro Cultural Almagro.
Gustavo Moreno: ?Se quedan en lo teórico, no llegan al barro?
El asesor Tutelar de Menores e Incapaces de la Ciudad, Gustavo Moreno, pegó un batacazo a la comisión antipaco del juez Torres. ?No meten los pies en el barro. Quisiera saber si conocen la situación de cada lugar de asistencia en la Ciudad. Igual, necesitamos cerrar la canilla del paco porque así nunca van a alcanzar los efectores de salud?, aseveró.
Moreno también arremetió contra un estandarte de los impulsores de la llamada corriente de reducción de daños, que fue incorporada por la nueva alianza antipaco del juez Torres y la PFA. ?La causa Arriola es excelente en lo teórico, pero trae problemas en los hechos porque para los adictos crónicos no existen internaciones coactivas. El sistema de salud ahora llega al chico una vez que cometió un delito, no antes?, agregó el funcionario judicial porteño, quien tiene como aliados contra el paco a la pastoral de villas miserias, encabezada por José ?Pepe? Di Paola.
?En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el Ministerio de Salud, que no invierte e incumple sentencias como el personal médico en la villa de Barracas o la falta de inversión en el centro ambulatorio para adictos La Base del Encuentro. Sumada a esto, está la falta de reglamentación de la ley de adicciones por parte del Jefe de Gobierno. Y eso no es sólo en la gestión PRO: los anteriores gobiernos tampoco tuvieron una política de Estado al respecto?, afirmó el Asesor Tutelar.
