El Gobierno presentó el lunes un escrito ante la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pidiendo que no se reconociera el 10 de enero como fecha para presentar garantías y, de esta manera, evitar embargos. Este martes, la magistrada neoyorquina deberá confirmar su orden que establece el 10 de enero como fecha, o de lo contrario acceder al pedido argentino y postergar los pedidos de embargo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.
Lo hizo a través del estudio, Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso YPF en los Estados Unidos.
La presentación establece que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”.
En enero el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que “la Argentina está en una situación muy complicada” respecto del juicio por la expropiación de YPF.
“La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole”, dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Señaló que “son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo”.
Según trascendió, la situación de la Argentina por el juicio YPF se habría colado por primera vez en la agenda de las reuniones de los funcionarios del FMI con el Gobierno argentino que se desarrollaron durante el fin de semana en Buenos Aires.
