“El aumento tarifario que oscila entre el 300 y 700% resulta incompatible con la situación de emergencia social en la que nos encontramos”, planteó Consumidores Libres, tras participar de la audiencia pública convocada por el Gobierno para tratar el Régimen Tarifario Transitorio del servicio público de gas que busca aplicarse a partir de febrero.
“La audiencia pública no puede cumplir su cometido puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión. Sólo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del ENARGAS”, advirtió Ariel Caplan, apoderado de la organización que estuvo presente en defensa de los consumidores.
“Tampoco se pudo ver el proyecto de Adecuación Tarifaria Transitoria elaborado por la autoridad pertinente, que se encuentra elaborado y oculto, ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta Adecuación Tarifaria Transitoria”, agregó.
En este contexto, Consumidores Libres solicitó que se decrete una cuarto intermedio hasta tanto se ponga a disposición del público dicho material por un plazo razonable y luego se reanude la audiencia.
Al finalizar las exposiciones de la jornada, la organización presentó un documento en rechazo a las medidas propuestas donde se detallaron los siguientes puntos:
1. Oposición a todo tipo de ajuste tarifario hasta tanto se trate en audiencia pública con la información omitida;
2. Oposición a la aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual;
3. Exigir que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo(pist) y su ulterior incidencia en las tarifas;
4. Se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad;
5. Solicitar que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales;
6. Solicitar que los aumentos se realicen exclusivamente sobre los cargos variables sin incrementar los fijos;
7. Se exija la renuncia de las empresas prestatarias a cualquier reclamo al Estado por la aplicación del régimen tarifario transitorio considerado en la audiencia pública 104;
8. La participación de las asociaciones de usuarios en la rti que fije la tarifa ulterior al régimen tarifario transitorio en análisis en la audiencia pública 104 y que debiera regir por cinco años;
9. Se garantice un adecuado nivel de servicio y se resguarde la salud y seguridad de los usuarios;
10. La eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales;
11. La limitación del principio de neutralidad impositiva a “los impuestos sobre las tarifas” excluyéndose del mismo cualquier otra carga tributaria, en especial la de las tasas (art. 41 ley 24.076);
12. Se consideren los ingresos y utilidades de las subsidiarias de las prestadoras a los efectos de analizar la ecuación económico financiera de los contratos cuando las subsidiarias fueron conformadas con los ingresos y recursos de las licenciatarias como es el caso de Metroenergía s.a. en relación a Metrogas s.a.
13. Oposición a que se considere al “gas natural no contabilizado” (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del prestador.
