Tras la notificación del Gobierno intimando a diversas entidades sindicales a pagar multas por las protestas del 22 y 27 de diciembre en oposición al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó a la medida como un intento de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados”. No obstante, se subraya que esta acción de ninguna manera afectará la unidad del movimiento obrero.
La CGT enfatizó en un comunicado que la entidad “no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”
Este posicionamiento surge como respuesta a la determinación de la administración de Javier Milei de instar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a abonar multas de hasta $56 millones por los gastos asociados al despliegue operativo durante las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, según lo indicado por el Ministerio de Seguridad.
La entidad, liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, considera que esta acción, emanada de la dirección de Patricia Bullrich, constituye una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución”, que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”. No obstante, se asegura que este tipo de disposiciones no implicarán una limitación para el movimiento obrero organizado.
El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado pic.twitter.com/2NRApvI2l6
— cgtoficial (@cgtoficialok) January 11, 2024
En esa línea, la CGT definió a esta situación como una “nueva provocación” del Gobierno y un “nuevo intento” de “acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
El Secretario General en la UOCRA e integrante del Ejecutivo del Consejo de Administración y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Martínez, confirmó que ya se presentó una denuncia frente a este organismo de las Naciones Unidas contra el gobierno de Javier Milei.
“Ya estamos presentando ante la OIT, porque estas cartas documento y su contenido violan el Convenio 87 de libertad sindical, ante la comisión de expertos para su tratamiento urgente, que se suma a la anterior denuncia por el protocolo”, explicó Martínez a este medio, refiriéndose a la presentación realizada el 20 de diciembre, en conjunto con la CTA, tras el anuncio del protocolo de Bullrich, cuando denunciaron “una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta”.
Por su parte, la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las abultadas cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
“Estas penas supuestos ‘pagos solidarios’, son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”, se quejó la central que lidera Hugo “Cachorro” Godoy.
Multas a organizaciones: La CTA denuncia persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora
A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional intima a la CTA Autónoma, la Federación Nacional Territorial y la Asociación Trabajadores del Estado, CONADU… pic.twitter.com/nk2nYSwGzm
— Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) January 11, 2024
