En plenas negociaciones por la Ley Ómnibus, el Gobierno ensayó un acuerdo con el Pro, y se encamina a validarlo con la UCR y el bloque federal, para sostener el financiamiento del arte pero con topes y máximos de gastos. Además, con un acuerdo mayoritario dejaría de existir Nodio, el nombre coloquial que se le dio al observatorio de medios de comunicación creado en la Ley de Medios y en la órbita de la Defensoría del Público, que siempre fue cuestionado por la oposición y pasaría a la historia si se aprueban las modificaciones en las que trabajan los legisladores.
En cuanto al Incaa, que regula y subsidia el cine nacional, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música, seguirán existiendo, pero tendrían la obligatoriedad de no pasar el 20% de su presupuesto en gasto corriente (salarios del personal) y en gastos generales (maestranza, insumos, entre otros).
“Queremos que, en todo caso, los fondos vayan a los artistas y no a la militancia”, explica a uno de los diputados que lleva adelante las modificaciones a la megaley que mandó Javier Milei.
A pesar de ello están en la mira una serie de subsidios que se otorgaban de manera directa desde el gobierno nacional de manera discrecional para “fomentar las artes”, según describen en el oficialismo, y que, según explican, en estos días saldrían a la luz.
De todos modos, la negociación que encaró el Pro evitó el cierre masivo de los organismos vinculados al arte, la propuesta inicial del Gobierno. “Afuera”, había vociferado el presidente Milei cuando fue consultado por el Incaa.
A raíz de ello, en estas semanas se vieron varias campañas con artistas pidiendo que no se cierren los organismos vinculados al arte.
La propuesta intermedia estuvo en manos de Hernán Lombardi, del Pro, y fue recepcionada por Federico Sturzenegger, el funcionario que redactó gran parte de la Ley Ómnibus.
En el caso de Nodio, en rigor es un observatorio que forma parte de la Defensoría del Público, un organismo creado por el artículo 19 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que depende del Congreso y cuya titular es la periodista Miriam Lewin. Una de las impulsoras del proyecto fue la exportavoz presidencial, Gabriela Cerruti, autoexcluida esta semana de Twitter.
“La Defensoría del Público tuvo un impacto muy negativo. El kirchnerismo lo usó como guarida para la militancia de La Cámpora y de esa manera perseguir y hostigar a todos aquellos que en redes sociales o en medios de comunicación tenían expresiones antikirchneristas”, sostuvo la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, quien propuso incorporar el organismo a la Defensoría del Pueblo y un organismo dependiente del Congreso.
“En cinco años Lewin solo vino una vez al Congreso y según la ley debería haber venido, mínimamente, cada semestre”, completa Banfi.
“La señora Lewin tiene que venir cuantas veces la cita el Congreso y la única vez que lo hizo fue por zoom en el 2021 y no rindió nada de los gastos a cuenta del erario público. Se lo reclamé y nunca volvió a tomar contacto con nosotros. Apañada por el kircherismo incumplió con los deberes de funcionario público. Solo se presentó en una kermese organizada por Cerruti cuando era diputada junto a Lloente y Lufrano para hablar de la mujer y los medios de comunicación”, concluye Banfi.
La respuesta oficial
Desde la Defensoría del Público explicaron que “Miriam Lewin lleva tres años y medio de gestión” y que “se presentó al Congreso en dos oportunidades”. Y agregaron: “Los informes de gestión posteriores (2021 y 2022), al no haberse constituido más la Comisión Bilateral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, se presentaron regularmente año a año por Mesa de Entradas del Congreso”.
Además, en el organismo dijeron que los informes de gestión se presentan “anualmente” y no “semestralmente”, y destacaron que en este momento se está elaborando el informe de 2023,
Finalmente, negaron que sea “una guarida de La Cámpora” y expresaron que “nunca fue una guarida de ningún sector político, sus trabajadores y trabajadoras son profesionales de la comunicación y del derecho”. Y concluyeron: “Nunca se hostigó a ningún periodista ni político ni ninguna persona que se expresara en contra de cualquier idea política porque la Defensoría del Público defiende el derecho a la libertad de expresión y opinión”
