La creación de un Fuero Laboral en la órbita de la justicia porteña es un plan que tiene varios años, que fue resistido desde el comienzo por varios sectores que leen entre líneas, que se trata en realidad de una jugada para permitir la flexibilización laboral. La discusión, tanto en el Gobierno de Mauricio Macri como en el de Jorge Macri, toma velocidad y según el actual jefe de Gobierno porteño, está más cerca que nunca de concretarse.
Al respecto, Jorge Macri afirmó hace algunas semanas que su intención es la de “crear un fuero laboral propio, moderno y ágil” y en el marco de la reforma ministerial porteña, la subsecretaría de Trabajo que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Económico, pasó a ser secretaría y quedó en línea con el Ministerio de Justicia, a cargo del abogado laboralista Gabino Tapia.
El nuevo ministro explicó en una entrevista que “el traspaso definitivo de la Justicia Nacional a las competencias de la Ciudad es menester para ejercer nuestra autonomía y avanzar hacia una justicia local más rápida, efectiva y al servicio de los vecinos”, y consideró que significaría una reducción del costo del Estado Nacional”.
En esa línea, opinó que al tener la Justicia laboral porteña se lograría una aceleración en el trámite de esos casos, lo cual beneficiaría a los trabajadores ya que no tendrán que demorar tantos años la resolución de sus juicios laborales. Además, remarcó: “A razón de ello se reducirían los costos laborales y esto tendría un gran impacto en las pymes, que hoy se ven limitadas a la hora de trabajar y dar trabajo”.
Disidencias y críticas
Sobre finales del año pasado, tras algunos dichos de la hoy ministra de seguridad, Patricia Bullrich, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación había dado una dura respuesta, en la que consideró que se buscaba el traspaso para “garantizar la flexibilización laboral”.
En diálogo con Noticias Urbanas, Mara Fernández, secretaria gremial de la UEJN, explicó que el traslado se había incluido en la Ley Ómnibus, pero finalmente fue descartado y afirmó que “lo quieren tratar en las sesiones ordinarias en marzo” y señaló que “para el conjunto de trabajadores esto no es una demanda social y no es algo que les va a mejorar la vida a la gente”.
“Con el pretexto de mejorar las cuestiones o de responder a una demanda, tratan de flexibilizar aún más a los trabajadores”, opinó Fernández y remarcó que “lo que dice la Constitución Nacional es otra cosa, se hace una interpretación errónea de lo que es la autonomía que se le dio a la ciudad en la reforma del 94´, ya que existe la ley llamada Cafiero que habla concretamente de que la justicia nacional va a permanecer en el ámbito nacional”.
En ese marco, aseveró que históricamente la UEJN se opone a los proyectos de traspaso y especialmente en lo que hace a la Justicia Nacional del Trabajo que, de hecho, durante el Gobierno de Mauricio Macri, a través de la CGT se había pedido la federalización del Fuero.
Además, explicó que, lo que se determina en la justicia nacional, tiene influencia en el resto de las provincias, porque es muy distinta la justicia nacional a la justicia de la ciudad que, y más allá de que siempre hay influencias intra poderes, “la justicia nacional está totalmente cooptada por el poder político”.
En cuanto al presidente y la sintonía que hay en las modificaciones sobre las leyes laborales y la propuesta del nuevo Fuero, recordó que Milei llegó como candidato hablando de la motosierra, de cortar los privilegios y tocar a las castas, pero después de la primera elección atemperó un poco ese discurso y dijo que no iban a tocar a los sectores más vulnerables, que se les iba a dar prioridad de y siguió hablando de la casta.
“Si uno mira ahora las medidas que se están tomando y la inflación, que entiendo que es un problema que venía y que no lo creó este Gobierno que tiene dos meses pero que evidentemente tampoco lo puede controlar, tiene que ver con un pensamiento y una ideología de favorecer a determinados sectores que no son lo más vulnerables y dentro del sector vulnerables están los trabajadores”, consideró.
Asimismo, afirmó que hay muchos trabajadores en situación precaria y muchos que directamente están en la informalidad. Fernández se preguntó adónde deberán ir a reclamar si es que se conculcan sus derechos en la justicia y enfatizó que “esa línea de pensamiento, de cercenar derechos, de ser más regresivo, porque si vos miras un montón de cuestiones que contienen el DNU o que contiene la ley ómnibus, más allá de que eran 600 artículos en chino y ahora quedaron 300 y pico, tocaba un montón de cuestiones que superaban lo sindical”.
Fernández, además, cuestionó la afirmación de que flexibilizar las relaciones de trabajo o quitar multas se puede generar empleo genuino, y afirmó que es “una falacia”, ya que la historia demuestra que “las veces que se flexibilizó y desprotegieron a los trabajadores, lo que se creó fue más pobreza y explotación”.
“Le dan muy poco valor a la justicia, pero después te muestran que están preocupados por crear una mejor justicia. Es verdad que reformas se necesitan miles, cosas para mejorar hay miles, pero no se pueden hacer a espaldas de los trabajadores o de los operadores judiciales, que son los que están trabajando ahí todos los días y que obviamente con una cuestión de oficio de práctica pueden aportar un montón de cosas”, concluyó.
Cabe destacar que, si bien la Ley Ómnibus se cayó en medio de un enorme papelón que mostró un alto nivel de improvisación e inexperiencia en la gestión, las afirmaciones de Macri dejaron un malestar generalizado en los organismos que están en contra y que argumentan su inconstitucionalidad.
Se deberá esperar hasta marzo y ver cómo el Gobierno nacional comienza a entretejer su voluntad política con hechos concretos, cosa que hasta ahora no sucedió en este tema, como en casi ningún otro.
