El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos se reunieron el miércoles a puertas cerradas en la Casa Rosada, el “día después” de la jornada en la que el oficialismo decidió mandar nuevamente a comisión la Ley Ómnibus, hasta ahora piedra fundamental para la administración libertaria.
“Se hizo un repaso de lo que pasó y se habló del curso de acción a seguir”, dijo uno de los protagonistas. Entre lo que se definió está que el gobierno “no tiene ningún apuro con el tratamiento legislativo” y también revisaron “en qué se puede avanzar sin la ley” a la vez que empezaron a pensar en el 1° de marzo, en la apertura del año legislativo y cuando Milei dé su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, lo que no sucedió el pasado 10 de diciembre cuando asumió. El período de sesiones extraordinarias que se abrirá entonces será todo un capítulo nueva para el Parlamento.
En el encuentro entre los cuatro hombres que conocen a la perfección el devenir de lo sucedido en los últimos días, discutieron en un ejercicio teórico distintos escenarios contra fácticos en los que llegaron siempre a un mismo diagnóstico: la ley volvió a Comisión “por una puja política para obstruir al gobierno”, detalló una de las fuentes consultadas. “Entonces, si por ejemplo mandábamos una ley o 600 era lo mismo, porque el objetivo es siempre obstruir al Gobierno”, dicen convencidos.
La mira en la economía y la seguridad
Cerca del círculo más cercano del mandatario no mostraron sorpresa ante los cambios de posición de la oposición dialoguista y se muestran tranquilos. “Estos escenarios los contemplábamos desde que Javier era candidato”, insistían. “Javier siempre dijo: si no nos acompañan en lo que estamos haciendo, entonces mandamos al Congreso para que quede claro de que lado está cada uno”, decían.
Tras lo que agregan una frase que todo indica que se verá cada vez con más fuerza en el futuro cercano: “la gestión no pasa por el Congreso”. En esa línea también cifran sus expectativas para lo que viene en los tres ejes que se trazaron para la gestión: inflación, inseguridad y la “batalla cultural”. Con una serie de números fiscales que sienten que les dan más oxígeno que el que hubieran creído posible tener a esta altura, confían en que la inflación irá descendiendo y eso eventualmente se traducirá en un alivio para los golpeados bolsillos y a la vez, en respaldo popular. “Si eso nos va bien, en seis meses metemos 1200 artículos en lugar de 600″, ironizó un funcionario sobre un eventual envío al Parlamento con mejores variables que las actuales.
Era acaso una muestra del optimismo que buscaban transmitir desde las fuerzas libertarias. Allí enmarcaban lo sucedido el martes en el eje de la “batalla cultural” que están dando, donde ubicaban ganancias en cualquiera de los dos casos: tanto si salía como si no. Si salía porque obtenían una herramienta fundamental para sus reformas estructurales, si no porque pueden marcar “de que lado está cada uno” a la par que buscan avanzar con lo económico, más cerca de la “gente” y menos de la clase política.
Con foco en el futuro cercano, insisten en la “gran cantidad de herramientas” que tiene el Ejecutivo para avanzar con la gestión sin necesidad de pasar por el Parlamento, desterraban la idea de una posible consulta popular y apostaban al dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, para los casos en los que lo necesiten.
En ese nuevo escenario que se abre ante ellos, en Casa Rosada insistían en que ellos no tienen apuro. Un escenario que evalúan completamente distinto al de los gobernadores, los que consideran que deberán “ajustarse”. “Sabemos que todas pueden funcionar ajustándose, pero hay algunas que no les cierran los números”, mencionaban. En cualquier caso, más temprano o más tarde, las ubicaban volviendo a Casa Rosada a pedir ayuda. Y en un estado de mayor necesidad para llegar a un acuerdo.