Luego del ajuste contra los gobernadores en represalia por el fracaso de la Ley Ómnibus, ahora el objetivo son los gremios, que organizaron un paro acompañado de una fuerte movilización cuando todavía no se habían cumplido 45 días de la asunción. Javier Milei evalúa una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales que administran los principales líderes de la CGT.
El Gobierno comenzó a mirar con mayor detenimiento los subsidios que reciben las obras sociales sindicales y evalúa un recorte en el reparto que se instrumenta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), a cargo hoy de Gabriel Oriolo tras el abrupto desplazamiento del macrista Enrique Rodríguez Chiantore, quien tenía el aval de los sindicatos.
En ese contexto, el presidente Javier Milei recortaría los subsidios que las obras sociales sindicales reciben por parte del Estado. Sin embargo, desde Presidencia informaron que, en rigor, solamente se solicitó “la elaboración de un informe de todos esos fondos” para analizar su funcionamiento.
El análisis de los fondos y sus posibles derivaciones con una eventual interrupción se inscribe en la lógica que tiene el Gobierno de “correr a los intermediarios” entre los aportes estatales y sus beneficiarios, algo que se busca también a nivel del área social en materia de planes y entregas de alimentos para comedores.
El Gobierno no giró en enero a las prestadoras sindicales unos $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.
Pero el ajuste es mucho más amplio y amenaza afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Según la previsión del Gobierno, adelantada a los sindicalistas, se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que actualmente se destinan para pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.
En la Casa Rosada argumentaron que el objetivo es llegar con el beneficio directamente a quienes lo necesitan. En el caso de las obras sociales, sería los trabajadores que aportan al sistema. La caja que representa el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un verdadero tesoro para los gremios, se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. A través del FSR se financian los servicios de transporte y educación para discapacitados, entre otros ítems que la gestión actual tendría en vistas de recortar.
El pedido de informes de parte de Presidencia surge en un momento de tensión con los gobernadores y buena parte de la oposición, pero a la vez con los gremios que el último 24 de enero, a 45 días de haber comenzado la nueva administración, le impusieron un paro general con movilización. El análisis de los fondos que reciben las obras sociales sindicales y sus posibles derivaciones suman así un nuevo punto de conflicto para el Poder Ejecutivo.
José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y el dirigente que mejor conoce en la central obrera sobre las obras sociales, explicó que en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar 132.000 millones de pesos para solventar los gastos adicionales a los que tienen las obras sociales sindicales, pero que recién se completó en enero de 2024 la suma 70.000 millones de pesos y luego no se pagó más, por lo que ya están en rojo. Es decir, los gremios reclaman un faltante de $62.000 millones.
“El panorama es muy incierto”, dijo Lingeri, jefe del gremio estatal de AySA y un viejo aliado de Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini. Lingeri detalló que la falta de esos recursos podría impactar en la atención de las prestaciones por discapacidad, de las más costosas del plan de salud.
Los sindicatos se preparan para enfrentar la eventual medida, y la crisis en las obras sociales es hace rato motivo de debate interno en la CGT.
Sturzenegger, con los sindicatos en la mira
“Hay un status quo que creó un sistema para extraer rentas en su favor. El partido peronista es un partido conservador, de grupos de interés, que buscan apropiarse de renta del resto de la sociedad”, dijo Federico Sturzenegger, ideólogo de buena parte de las reformas que se impulsan desde el gobierno libertario. Fue en una presentación del Centro de Estudios de Latinoamérica David Rockefeller que pertenece a la Universidad de Harvard y que se denominó: “La disruptiva presidencia de Javier Milei: ¿Hasta dónde puede llegar?”.
En su presentación, Sturzzeneger sostuvo: “Hay un status quo que creó un sistema para extraer rentas en su favor. El partido peronista es un partido conservador, de grupos de interés, que buscan apropiarse de renta del resto de la sociedad”.
Tras lo que agregó: “No podemos podemos normalizar cosas como que los sindicatos se llevan 4 o 4,5% del salario de un trabajador. O que comprar ropa en Argentina sea algo de lo más caro del mundo. O en la pesca, en que hay pocos jugadores que pagan pocas regalías. ¿Cómo cambiarlo? Si controlan los medios, las calles, el Congreso a través del lobby. Una posibilidad es empobrecer a los grupos de interés. Drenarle los recursos. Si lo hacés tenés una chance de ganarles. La desregulación es un programa político para cambiar la estructura de poder y hacia dónde van los recursos. (Los grupos de interés) se apropian del salario, de impuestos, particularmente de los pobres”.
