Con la “motosierra” y la “licuadora” en la mano, el gobierno de Javier Milei busca profundizar el conflicto por los subsidios al transporte avanzando con más quitas, lo cual no sólo significa desfinanciar a las provincias sino que fundamentalmente implica un tarifazo violento para el bolsillo de los usuarios de colectivos y que podría significar un inminente paro.
En primer lugar y como ocurrió ya con las provincias, el Gobierno evalúa extender al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la quita de los subsidios al transporte de colectivos que circulan entre ambas jurisdicciones.
Si el Gobierno adopta esta decisión sería un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y se enmarca dentro del plan de recortes desde Nación hacia las provincias. La idea primaria era la de reducir las subvenciones al transporte en un 35% aproximadamente durante el primer año de gestión mileista.
Durante 2023 los subsidios, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alcanzaron unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Unos $479.216 millones, casi la mitad, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
Ese fondo fiduciario creado en 2001, figura en la lista de los que posiblemente Milei elimine próximamente por decreto porque los considera “cajas negras de la política” debido a la falta de controles de parte del Estado.
El miércoles pasado las cinco cámaras empresarias de la región metropolitana (AAETA, CETUBA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) le enviaron una carta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en la que expusieron sus dificultades operativas. Están relacionadas con lo que deben pagar en el mantenimiento de las unidades y también en el pago de salarios.
El martes los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberían recibir un bono no remunerativo de $140.000 y un aumento en sus haberes el mes próximo que los llevará a alcanzar los $737.000 de básico.
Sin embargo, las cámaras adelantaron que no pagarán el bono previsto, por lo que contemplan que la UTA pueda realizar una medida de fuerza. Las empresas de colectivos del AMBA aseguran que el tarifazo de febrero, de un 250% de aumento en el boleto, no es suficiente frente a la acelerada inflación como para permitirles una reducción de sus costos.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) le mandó una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, pidiendo que se “arbitren medidas urgentes que actualicen los costos de la actividad” y advirtió que, de no ocurrir, “los servicios se paralizarán en pocos días”.
Argumentó que no se trata de una amenaza de lock out, es decir, que no es una protesta política sino una imposibilidad material de continuar funcionando frente a los actuales costos de la actividad.
El bono que esas mismas empresas deberían pagar el martes es parte del acuerdo paritario sellado el 7 de febrero pasado, sin ser obligados y en presencia de las autoridades del gobierno de Milei, en el que, además de un salario básico de 737.000 pesos, se acordó una “gratificación” de 390.000 pesos en total (los otros 250.000 pesos deberían pagarse el 15 de marzo).
Desde AAETA afirman que no pagarán este bono de 140.000 pesos el martes pese a lo acordado. Por lo que advierten que es probable que haya una parálisis del servicio, aunque en este caso por una eventual medida de fuerza gremial y no patronal.
Lo que podría suceder, de no efectivizarse mañana el pago del bono, es que se lleve a cabo un paro el miércoles en coincidencia con la medida de fuerza de los trabajadores de trenes de La Fraternidad que paralizará el servicio ferroviario de todas las líneas del país.
Los empresarios se quejan porque los subsidios, aunque se modificaron los valores de los boletos en febrero cuyo valor mínimo en el AMBA pasó de $76 a $270, no sufren variaciones desde noviembre. “Caputo tiene pisados los fondos”, le confesaron a Infobae desde una de las Cámaras y también señalaron que el margen de maniobra de la secretaría a cargo del cordobés Franco Mogetta “es muy limitado”. En promedio afirman que reciben $200 por cada viaje (allí tallan los descuentos por atributo social), otros $400 por el subsidio actual y que el costo total está en 1.000 pesos. Un desfasaje del 40% que el Gobierno aún no pudo resolver.
Ante este panorama el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es uno de los gobernadores que se mantiene en alerta ante las intenciones del gobierno. Por vía administrativa reclamó a Caputo que normalice la provisión de fondos. “Vamos a reclamar por estos fondos y a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y arbitraria del Gobierno nacional”, sostuvo el gobernador en un acto la semana pasada en Pehuén Co, en el partido de Coronel Rosales.