El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra celebró la decisión de conformar la Comisión Bicameral encargada de controlar la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia.
“Ese es el camino que establece la Constitución, el control político del Congreso acerca de sus facultades”, subrayó.
Además agregó: “Y deseo que esta comisión pueda expedirse muy rápidamente, porque se ha originado una situación de total falta de seguridad jurídica e incerteza respecto de cuál es la vigencia o no de cada una de las normas que se encuentra involucrada”.
Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “esto no solo perjudica a todos los ciudadanos, sino que también perjudica al trabajo de los abogados y las abogadas”.
Comisión Bicameral
Los primeros pasos que dará la comisión tienen que ver con la designación de autoridades, donde se espera que el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) sea elegido como el presidente del espacio, integrado por ocho senadores y ocho diputados. Posteriormente, tratarán una serie de decretos, entre los que sólo pueden intervenir en su forma y no en su contenido.
La agenda del oficialismo buscará priorizar los DNU que fueron emitidos por la gestión anterior pero aún no han sido tratados, que según registros alcanzan los 175 decretos. Por su parte, Unión por la Patria (que cuenta con 6 de los 16 integrantes de la Comisión) intentará que se discuta el último DNU diseñado por el actual Presidente. En todos los casos, el plazo para dictaminar está vencido, dado que el límite constitucional está establecido en diez días.
La comisión tiene hasta 10 días para elevar un dictamen, que se pasa a votar en el recinto. Un decreto entra en vigencia cuando es oficializado: si cualquiera de las dos cámaras lo aprueba en votación, su institucionalidad queda garantizada. En ese caso, solo un fallo judicial puede desestimarla.
