El gobierno de Javier Milei difundirá próximamente un informe que detalla cada una de las irregularidades del Estado halladas durante los más de dos meses de gestión. Entre otras cosas se encontraron deudas por casi tres billones de pesos.
En este contexto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dio algunas precisiones al respecto: “La Secretaría de Transformación del Estado ha culminado el informe con la situación de cada una de las reparticiones del Estado al asumir la presidencia Javier Milei”.
“Es la primera vez que se realiza un informe de estas características, transversal a todas las reparticiones nacionales (114 en total)”, profundizó y agregó que existen “contrataciones anómalas y deudas millonarias. El monto adeudado asciende hasta los casi tres billones de pesos”.
Según se destacó, el documento fue presentado por el síndico General de la Nación, Miguel Blanco, ante la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no se aclaró cuando será difundido de forma oficial: una de las posibilidades es frente al Congreso Nacional en la apertura de las sesiones ordinarias que hará el mandatario el 1° marzo.
La SIGEN junto con la Secretaría de Transformación del Estado han culminado el informe con la situación de cada una de las reparticiones del Estado al asumir la presidencia Javier Milei. Es la primera vez que se realiza un informe de estas características, transversal a todas las…
— Manuel Adorni (@madorni) February 22, 2024
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano completó las auditorías internas donde se encontraron aún más irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), sector que determina los subsidios para la compra de medicamentos de alto costo.
Sobre el documento general que será difundido próximamente, el medio Infobae dio a conocer que se abarcan denuncias “desde 2016”, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia «para reemplazar un sistema de compras de facto», hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió La Libertada Avanza (LLA).
Además, “en 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”.
