El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para Edesur y Edenor, lo que generó gran preocupación por el impacto que tendrán en la economía de los hogares, en especial entre los sectores más vulnerables y de clase media. Los incrementos, que en algunos casos superan el 300%, contradicen los anuncios oficiales previos y generan incertidumbre sobre el futuro del sistema energético.
En los hogares N1, que son aquellos de bajo consumo, la suba llega hasta el 242%. En todos los casos analizados, el aumento es superior al 150% que se había informado. Incluso, el propio ejemplo que eligió el gobierno da una suma levemente superior a ese valor.
Para los hogares N3, de ingresos medios, el incremento llega hasta el 263,5% para los que consumen más de 400 kWh y de hasta 131,1% en el resto. En todos los escenarios, se supera ampliamente el 65% que comunicó la Secretaría de Energía, porcentaje que, según aclararon, podía elevarse a 130% si el consumo era mayor a 400 kWh.
La situación es aún peor para los hogares N2, de bajos ingresos. El aumento alcanza hasta el 302,7% y en todos los ejemplos supera con amplitud el 70% que se informó oficialmente. Incluso en el caso particular que citó el gobierno en el comunicado, el aumento no es del 70% sino del 90%.
Al respecto, y en diálogo con Noticias Urbanas, Walter Martello, extitular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y Defensor Adjunto General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, explicó que “lo que se conoció es un modelo de incremento de tarifas energéticas que va a contribuir en la pobreza energética a millones de usuarios del AMBA y del resto del país”.
El especialista detalló que es “producto de que se determinaron no solamente un incremento que tiene que ver con el valor agregado de distribución, que es la parte de la factura que va directamente a las empresas, si no han dolarizado y aumentado lo que tiene que ver la compra de energía de las distribuidoras a loa mayoristas, que también se trasladan al usuario”.
En esa línea, señaló que “esto va a determinar tarifas que, en algunos casos, se van a multiplicar por cuatro o por cinco de aquí a abril” y consideró que el problema, además, es que por primera vez en la historia de lo que tiene que ver con la fijación de los cuadros tarifarios se les otorgó a las empresas, tanto de transporte como distribución eléctrica, un “ajuste mensual”.
“Más allá del ajuste que se dio a partir de la audiencia pública, sacaron 200 por ciento en algunos casos y en otros, superiores”, remarcó y destacó que “las empresas van a poder aumentar las tarifas todos los meses y esto genera una cuestión que claramente no va a acompañar al incremento de los ingresos grupos familiares”.
Los futuros aumentos
Según Martello a partir del 29 de febrero, fecha en que se realizará la audiencia pública por la segmentación, se puede inferir por los documentos existentes que estudia el Gobierno que también se dejarán afuera de las tarifas subsidiadas o de menor cobro a cientos de miles de usuarios. Con lo cual, hay una combinación de factores que va a pegar muy fuerte en la clase media, en los pequeños comercios, las pymes, el alumbrado público y, cuando se contextualiza con los aumentos de gas y en los demás incrementos que se dieron, será compleja la situación de la clase media.
“Por ahora está vigente el decreto 322, que dividía en tres niveles; altos medios y bajos. El 29 es la audiencia pública para modificarlo y por el rumbo que tiene el Gobierno, se cree que esa modificación no va a ser para incluir más, sino lo que para ellos es más importante, el cierre del déficit fiscal”, lamentó.
En esa línea, opinó que “contener ese número es una ficción, porque lo que vos estás haciendo es licuar todos los ingresos, incrementar fuertemente los gastos para que una cuenta te dé cero, pero en el medio estás dejando a millones y millones de personas en la pobreza energética y, en el caso general, hay una pobreza que es del 57%”.
El ajuste lo paga la clase media
Martello consideró que lo que ocurre es “todo lo contrario a lo que mencionaron que iban a hacer en la campaña”, y criticó que actualmente “hay un brutal ajuste y una licuación en el que por cada peso que te da el Gobierno de aumento de acá a marzo, se pierde otro contra la inflación, por eso la situación es más que preocupante”.
Además, según el exfuncionario del ENRE, a estos aumentos brutales hay que agregarles el tema de la potencia. “Se incrementó un 2.500%, pero cuando vos tenés un kiosco o un almacén con algunos freezers, ahí el aumento es mucho mayor”, explicó y detalló que “lo que hoy reflejan los medios es nada más que el aumento de la distribución, de la parte de Edenor y Edesur. Pero hay una parte que se traslada al usuario que tiene que ver con la potencia. Cuanto más se consume, más brutal es el impacto”.
Otra preocupación latente es la del costo de los impuestos municipales, ya que el alumbrado público también va a tener un fuerte aumento en el costo, y se deberá esperar cuál va a ser la actitud de los intendentes, porque en la mayoría de los casos tienen el presupuesto ya aprobado y la ordenanza fiscal aprobada.
“Lo más importante de esto es que éste no será un aumento otorgado por única vez hasta dentro de seis o siete meses, acá se va a indexar todos los meses. Se va a pagar un aumento sobre el aumento, con un índice que se fijó y que tiene que ver con la inflación, el índice de los materiales de la construcción, el índice salarial, pero vos todos los meses durante este año vas a tener un aumento de tarifas”, concluyó.
No cabe duda que los sectores vulnerables y medios, indiferentemente a quién hayan votado, lentamente observan con preocupación lo que pasará con la energía en sus hogares. De igual forma ocurre con las pymes y otros rubros que utilizan energía y que saben que trasladar el costo a los consumidores no es la mejor opción.
Quedará en los organismos de defensa y en la sociedad en su conjunto el evitar un incremento obsceno e impagable y exigir la creación de mecanismos que sean realistas en cuanto a la necesidad y la urgencia de cada consumidor.
