La caída de la Ley Ómnibus y la pelea con los gobernadores, hizo que el gobierno de Javier Milei dilatara la convocatoria a la sesión especial para tratar las válidas del DNU 70/23 de desregulación de la economía.
Fue el primer paquete de medidas del Gobierno, inició la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, entre muchísimos otros puntos.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, desoyó los pedidos del bloque kirchnerista (que cuenta con 33 senadores). La bancada que conduce José Mayans reclamó por una sesión para el 1, el 15 y el 23 de febrero, pero la vicepresidenta no se las concedió. Esto le valió fuertes críticas en la sesión preparatoria y hasta una denuncia penal.
Suscribieron también la solicitud senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.
En ese contexto, en el oficialismo buscan asimilar y atenuar la dura derrota que se le avecina en la Cámara de Senadores: en breve finalmente habrá una sesión en la que se rechazara el mega DNU de Javier Milei.
El poroteo que manejan en La Libertad Avanza (LLA) indica que ya hay más de 40 senadores -es decir una cómoda mayoría- dispuestos a votar en contra del polémico decreto presidencial. En los pasillos de la Cámara alta se dice que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya transmitió a la Casa Rosada el mal cuadro de situación.
Se necesitan 37 senadores para voltear o aprobar el DNU el Senado. El kirchnerismo cuenta con 33 y le hacen falta 4 más para alcanzar el quórum necesario. Sin embargo, el resto de la “oposición dialoguista” no quiere quedar pegado al kirchnerismo en la votación.
Hay senadores que no quieren quedar pegados a nada que se parezca al peronismo, es como si fuéramos leprosos”, dijo Silvia Sapag, senadora nacional por Neuquén, del bloque Unidad Ciudadana, vicepresidenta tercera del Senado.
En los manuales clásicos de política, la única forma de interpretar el rechazo al DNU sería como una derrota histórica para el Gobierno. Nunca hasta ahora una cámara legislativa votó en contra de un decreto.
Cómo busca amortiguar la derrota el oficialismo
Lo que sí puede hacer el oficialismo es buscar atenuar el impacto de la derrota. Por eso, desde La Libertad Avanza (LLA) y sectores de la oposición dialoguista empezaron a negociar para que, en simultáneo con el rechazo del DNU, se pueda avanzar con proyectos de ley vinculados a temáticas sensibles que figuran en el decreto. Sería, dicen, la posibilidad de mostrar un rol proactivo.
El plan es avanzar, por ejemplo, con una reforma laboral. No con temas muy irritantes para los sindicatos, pero sí con otros que parecen reunir mayor consenso, como las multas a beneficios o las indemnizaciones agravadas.
En caso de funcionar, sería que el primer artículo establezca que se deroga el capítulo laboral del DNU y que se lo reemplace por esa iniciativa legislativa. En esa línea, el oficialismo empezó a apurar la integración de las comisiones que siguen sin conformarse.
El oficialismo tendría un plazo de 10 días para poder avanzar con su estrategia. Tendría el compromiso de los bloques dialoguistas que antes de ese plazo el DNU no será tratado en el recinto.
En caso de ser rechazado por el Senado, para caerse el decreto debe ser también bochado por Diputados. En el Gobierno dicen que es improbable que eso ocurra de forma veloz debido a que deberá ser tratado en comisión y los plazos legislativos. Igual, sería jugar con fuego. Si se arma una mayoría en el Senado, es muy factible que se replique en la Cámara baja, más con el contexto del Presidente atacando a los legisladores y gobernadores.
