En medio de la crisis de violencia e inseguridad, una noticia sacudió el panorama judicial rosarino en las últimas horas. María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que engloba a los investigadores de Rosario.
La intervención, según la decisión tomada en un dictamen de la fiscal general, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales. Matías Merlo, hoy a cargo de la jurisdicción de Venado Tuerto, fue designado como el interventor a cargo del proceso.
También, se la desplaza parcialmente a María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales rosarinos, a la que limitó territorialmente en sus funciones. Le quedarán territorios como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo, pero no el foco principal de la acción.
La decisión dada a conocer el martes, según el texto, es la consecuencia de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de Los Monos. Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido de Cantero.
Pullaro “acompañó” la intervención
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apoyó la decisión de Vranicich y consideró que fue tomada para “mejorar la investigación penal en Rosario”. Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación del equipamiento de refuerzo que aportaron las Fuerzas Armadas para el combate del “narcoterrorismo” en Rosario, donde también participó el ministro de Defensa, Luis Petri.
“La doctora Vranicich tomó decisiones en el marco de la ley que organizan el Ministerio Público de la Acusación. Entendía que había algunos niveles que se podían mejorar la investigación penal en Rosario”, expresó Pullaro en declaraciones a la prensa. “Tomó decisiones que a su criterio son correctas y vamos a acompañar desde el gobierno de la provincia de Santa Fe”, agregó.
En ese sentido, reconoció que “hay muchas cosas que mejorar” tanto en el pasado como en el futuro, ante lo que se preguntó: “¿Qué es lo que estamos esperando de las fuerzas de seguridad?”. “En este momento estaba hablando el doctor Petri también, la venida de las fuerzas federales, la llegada del ejército para colaborar, pero también de la Justicia y del Ministerio Público de la Acusación”, añadió.
Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para devolverle la tranquilidad a los rosarinos.
Hoy recibimos más apoyo logístico desde el ministerio de Defensa de la Nación, encabezado por @luispetri, para continuar fortaleciendo el Estado en la lucha contra el… pic.twitter.com/9cmExKbOkR
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 19, 2024
Según el gobernador, “había cosas que, indudablemente, a la fiscal regional no le satisfacían”. Al respecto, precisó que el año pasado hubo alrededor de 280 homicidios a causa de “diferentes errores de persecución y de prevención”. “Indudablemente, entendió que hacer un cambio con el doctor Matías Merlo era lo correcto que hacer para llevar adelante la persecución penal”, remarcó.
Consultado sobre las causas que ubican a los policías colaborando con las bandas criminales, el mandatario provincial recordó que, durante su gestión frente al Ministerio de Seguridad santafesino, fue “el que más exoneró y destituyó policías” en los cuatro años que estuvo en ese cargo.
“Vamos a ser de la misma manera. Lo que nos permita la ley y en el marco de la ley seremos los más fuertes y duros posibles porque no podemos permitir que una persona de la fuerza de seguridad esté colaborando con las organizaciones criminales”, concluyó.