Esta semana, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, fue denunciado por el Gobierno de Javier Milei por autorizar subsidios a cooperativas. Fue señalado por presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Esta no es la primera denuncia que reciben los sectores del Gobierno anterior que gestionaron recursos a los sectores populares, como ya se vio con el caso de Juan Grabois. Además, estas acusaciones se suman al desfinanciamiento de distintos programas de apoyo a las cooperativas, que golpean de lleno a los trabajadores de la economía popular.
Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), afirmó que la denuncia se debe a “un modo de funcionamiento, de perseguir y generar operaciones en función de desviar la discusión” y explicó que “el mismo día en que hicieron pública una denuncia, que es vieja y armada por la Coalición Cívica, de la que ya Emilio habló públicamente, se estaba haciendo una jornada con 500 cortes de ruta para visibilizar la problemática del hambre, porque hoy la realidad es que hay millones de familias que no tienen para morfar y esa es la verdadera agenda que hay que discutir”.
En esa línea, destacó que el Gobierno “trata de generar este tipo de operaciones mentirosas, que lo único que hacen es desviar la discusión real” y aseguró que “Emilio (Pérsico) está tranquilo porque hizo las cosas muy bien y nosotros reivindicamos mucho lo que se hizo tanto con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) como en la Secretaría de Economía Social”.
La desfinanciación y el drama diario
“No hemos tenido diálogo con el Gobierno, prácticamente”, señaló Gramajo y aseguró que “se intentó por todos los medios tratar de construir un camino de diálogo, porque nosotros tenemos una lógica de charlar e intentar resolver problemas concretos con todos los Gobiernos, pero este Gobierno tiene una característica que la ha aplicado con todos los sectores, que no es justamente el camino del diálogo, sino todo lo contrario”.
En ese sentido, subrayó que “esto es producto de que tratan de construir un relato en el marco de la opinión pública sobre diferentes temas, tratan de generar la versión de que todos los sectores son corruptos, que son chorros, que son malos administradores, en función de que eso le permita generar determinadas condiciones para avanzar en una política de ajuste brutal”.
Además, remarcó que “esto lo ha ejercido sobre la economía popular, pero también lo desarrolló sobre los Gobiernos provinciales, municipales y sobre los trabajadores formales. Es una forma que tiene de judicializar, de estigmatizar para perseguir, para avanzar en el proyecto de ajuste”.
Gramajo lamentó que, por ejemplo, en el tema de los comedores, si “denunciaron que se compró mal, que se administró mal, si hubieran tenido ganas de resolverlo, tendrían que haber cambiado los funcionarios” y detalló que se atraviesa “una situación muy crítica porque nuestro sector, que ganó en términos de derechos o de avance de algunas políticas que permitieron resolver algunos problemas concretos, es un sector que viene con dificultades, que este modelo económico ha hecho que muchos, que antes tenían la posibilidad de llegar a fin de mes, hoy no lo puedan hacer”.
“Nuestras unidades productivas, nuestros centros comunitarios, nuestros centros de primera infancia, nuestros comedores, están reventados de gente que antes por ahí venía solidariamente a traer un arroz, hoy vienen a buscar la misma comida, porque no llegan a fin de mes”, lamentó.
El desmantelamiento
En tanto, opinó que con el Gobierno “la conversación está rota desde el minuto cero” con respecto a todo lo que tiene que ver con las políticas del Potenciar Trabajo y el financiamiento de las Unidades Productivas del Potenciar en las obras en barrios populares. “Con el tema alimentario, se arrastraba algún problema con el Gobierno anterior, pero éste decidió desfinanciar absolutamente también la política alimentaria. Incluso las cosas que hicieron con algunos sectores religiosos todavía no se implementaron”, apuntó.
Según el referente, el Gobierno, más allá de desfinanciar y dejar a miles de personas en duda sobre qué pasará, no les dio alternativas y aseveró que “trabajadores formales, comerciales, de clase media ahora vienen a golpearnos las puertas de nuestro comedor, porque tienen problemas, incluso para conseguir medicamentos. Entonces, hay que imaginar a los compañeros cooperativistas, que por ahí tienen menos respaldo y, ante el proceso de desfinanciamiento y el parate económico general que hay, la posibilidad de conseguir dinero es escasa”.
Asimismo, criticó la postura de que hay un problema de capacitación y afirmó que “van a tratar de construir un relato de que van a capacitar a la gente en diferentes temas, y ese no es el problema. Lo que pasa es que hay un modelo económico, hay una nueva realidad en el mundo del trabajo, que no tiene capacidad de absorber todo lo que queda fuera del sistema formal”.
“Se puede capacitar en obra o en diferentes sectores a trabajadores y trabajadoras, pero después si no tienen el mercado formal y no se tiene capacidad para absorber esa demanda, va a ser lo mismo de siempre”, indicó Gramajo y concluyó que “hay un desconocimiento de lo que significa la economía popular, pero el problema de fondo es que no les interesa en absoluto lo que le pasa a la mayoría del pueblo pobre, de los trabajadores, de los jubilados, ésa es la realidad de este Gobierno”.
Una de las acciones colectivas que prepara la UTEP, así como miles de organizaciones, es la marcha del 24 de marzo, próximo domingo, que se realizará de forma masiva en la Capital Federal. Será una oportunidad colectiva de ver los ánimos de una población golpeada por lo económico, así como en lo anímico por la implementación de políticas que golpean al Pueblo y hacen surgir serias dudas sobre cómo sobrevivirán los más humildes en el futuro próximo.