El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó el miércoles un amparo contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
Al respecto, Ricardo Gil Lavedra destacó que “todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”.
“En ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”, aseguró el presidente del Colegio.
Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “la ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas”.
