El Gobierno aceptaría bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo en busca de lograr un mayor consenso político para acelerar su aprobación parlamentaria dentro de la Ley Ómnibus. En realidad, la estrategia del oficialismo es avalar un proyecto de reforma laboral que está elaborando el bloque de diputados de la UCR, que contendría todo o una parte del capítulo laboral del DNU 70 que frenó la Justicia.
“Si al Gobierno lo satisface, se integraría a la Ley Ómnibus”, admitieron desde el radicalismo. La iniciativa cuenta con el apoyo del Pro y Hacemos Coalición Federal, que, junto con la UCR, serán la llave para destrabar y avanzar con la agenda legislativa que le interesa al Presidente.
Las negociaciones con la oposición dialoguista fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que en forma paralela se retomaron los contactos reservados con el sector moderado de la CGT para conversar sobre la reforma laboral. Esas charlas se habían realizado en secreto luego de Milei ganó el balotaje y allí Francos les dio garantías a los líderes cegetistas de que los cambios laborales no pondrían en riesgo al poder sindical.
Sin embargo, la última revisión del DNU 70 estuvo a cargo del asesor gubernamental Federico Sturzenegger, que endureció su contenido con artículos que irritaron a los dirigentes gremiales. Por eso la CGT impugnó el DNU ante la Justicia por considerarlo inconstitucional y se abrió una etapa de fricciones con el Gobierno que incluyó el paro con movilización del 24 de enero pasado y que este jueves, en una reunión de la conducción cegetista, podría llevar a una huelga de 24 horas.
Sin embargo, el sector dialoguista de la CGT, en medio de las presiones para que concrete otra medida de fuerza, demoró hasta ahora la profundización de la protesta contra Milei y dio señales de que no se negaría a debatir la reforma laboral, como lo aseguraron a mediados de marzo Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), dos de los máximos líderes de la central obrera, en la AmCham Summit 2024.
“No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical”, dijo Rodríguez ante los empresarios presentes. Y Daer lo apuntaló: “Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar”.
La misma postura tiene el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA): “La CGT representa un sindicalismo dinámico y actualizado que actúa en todas las dimensiones de lo que significa la sustentabilidad y la productividad sin perder derechos y mostrando que para haya empresa debe haber trabajadores, y viceversa. Por eso nos sentimos seguros y sin miedo sin temor a sentarnos a una mesa tripartita para resolver los problemas y proponer esquemas que generen mas trabajo y mejores ingresos”.
Ahora, en los nuevos contactos entre el Gobierno y la CGT, revelados por el periodista Jorge Duarte, los negociadores libertarios se mostraron dispuestos a sacar de la Ley Ómnibus los artículos de la reforma laboral que figuran en el DNU más resistidos por el sindicalismo. Uno es la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el “consentimiento explícito” del trabajador para ser descontada.
Otro punto del DNU que critica la CGT es el que diluye la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, algo que los sindicalistas defienden a rajatabla como una forma de “preservar los derechos de los trabajadores” y evitar una “negociación a la baja”.
Si el Gobierno acepta que esos dos artículos no formen parte de la Ley Ómnibus, la expectativa -basada en los contactos reservados- es que logre un guiño del sector dialoguista de la CGT y así se destrabe la resistencia de los diputados nacionales de Unión por la Patria a la reforma laboral libertaria.
La iniciativa de la UCR, acordada con el Gobierno, también será apoyada por el Pro y Hacemos Federal. De por sí, el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, y legisladores de su bancada estuvieron reunidos a fines de marzo con Francos y Posse, donde le plantearon la incorporación en la nueva ley ómnibus de tres proyectos para modernizar la legislación laboral que están en sintonía con el DNU 70, como una forma de destrabar este tema por vía legislativa.
Las iniciativas presentadas por los diputados del Pro contemplan la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro y la regulación del derecho de huelga en los servicios de seguridad, transporte, salud y educación al declararlos servicios esenciales, con guardias mínimas del 75%.
Sin embargo, para un sector del Gobierno esos tres proyectos son “insuficientes” porque no abarcan todos los ítems de la reforma laboral que figuran en el DNU 70. Lo mismo sucede con una propuesta similar presentada por el bloque de senadores nacionales de la UCR, cuyo proyecto de ley rescata sólo tres de los cambios que quiere Milei: un Fondo de Cese Laboral, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses.
En el caso del Pro, hay un proyecto de ley que fue presentado por una de sus diputadas nacionales, Verónica Razzini, de Santa Fe, que responde en forma fiel a lo que busca el Gobierno con la reforma laboral porque su texto es un espejo del contenido del DNU 70 y fue elaborado de esa forma justamente para que le sirviera al oficialismo como una herramienta para viabilizar sus cambios.
Ahora, necesitado de tener por fin una herramienta legislativa que permita concretar los cambios que proyecta, las principales figuras del Gobierno están apurando las negociaciones para obtener mayores consensos políticos (¿y sindicales?) para la Ley Ómnibus y así tratar de llegar con la norma sancionada al 25 de mayo para firmar en Córdoba el pacto que les propuso Milei a los gobernadores.
Para la Casa Rosada, si se confirma que resignará los artículos objetados por la CGT, dejar la iniciativa de la reforma laboral en manos de la UCR le daría la posibilidad de no aparecer ante la opinión pública retrocediendo ante la presión sindical, justo cuando está por lanzarse un paro general de 24 horas.