Se conoció este miércoles, a través del boletín oficial, la desregulación de las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable. Se hizo a través de un decreto en el que se destaca que “resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo” de esos servicios. Esto encendió las alarmas en varios sectores de usuarios y en los analistas de la comunicación, que consideran que la desregulación empeorará el servicio, al contrario de mejorarlo.
En diálogo con Noticias Urbanas, Diego Russo, profesor de Políticas de Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y profesor de la Cátedra Libre Conectividad de la UNLP, explicó que “hay un problema histórico de querer regular al sector mientras que éste se autopercibe desregulado”.
Según Russo esto ocurre desde varios ejes y afirmó que uno de los problemas es la “concentración en pocos prestadores”, y esto ocurre desde la privatización de ENTEL. “En telefonía fija se puede hablar de 1.200 o 1.600 prestadores en todo el país, distribuidas por localidad y en general en situaciones de dominancia, es decir, tenés las grandes telefónicas y después tenés pequeños cooperativas o pymes, pero en lo que es la telefonía móvil la disponibilidad del espectro siempre fue para tres: Telefónica, Telecom y luego Claro”.
Además, detalló que las figuras de los operadores móviles virtuales que se usan en otras partes del mundo, o el cuarto operador -en este momento hay un pequeño operador cooperativo, que se llama Imowi y es una alternativa- no funcionan del todo, porque los tres grandes “siempre manejaron el mercado y por eso el DNU 690 fue novedoso”.
Este DNU cruzaba dos cuestiones, aseguró, la “cuestión político conceptual de la definición del servicio como servicio público”, que esto es una reivindicación también desde los 90′ para la telefonía móvil que nunca sucedió. En la pandemia, como un gesto sorprendente, Alberto Fernández estableció que era un servicio público esencial, con un pequeño cambio en el segundo párrafo del artículo 48, que en vez de que la autoridad de aplicación pueda regular en algún caso precios, dice “regulará tarifas”.
“Esto tiene que ver con un hartazgo del Gobierno anterior, en una situación donde cada seis meses las telefónicas se sentaban y disponían los aumentos, con lo cual éste ni siquiera podía hacer un seguimiento de precios”, detalló e indicó que ese problema histórico, de esa forma, intentó ser cortado.
Otro punto del DNU, advirtió, es la “prestación básica universal”, que es pedirles a las empresas que tengan un paquete básico, como si fuera el básico de la televisión por cable en su momento, para que la gente pueda pagar y estar conectado. “Si hubiéramos tenido una autoridad de aplicación inteligente, esto hubiera podido ser piloteado, pero si se suma la intransigencia de las empresas, que no sólo se ven sorprendidas sino que demandan volver a un estadío anterior, estamos en problemas”, remarcó.
Cabe recordar, que este es el tercer DNU sobre el tema. En Argentina tenemos la Ley Argentina Digital, que aprobaron las dos cámaras del Congreso en noviembre del 2014, que es una ley que no fue judicializada cuando se aprobó durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Luego, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se dictó un DNU que derogó algunos aspectos quirúrgicos de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, como por ejemplo, la definición del servicio público esencial, que ya estaba en el año 2014. El tercer DNU es el de Javier Milei.
Los motivos detrás de los motivos
“El Gobierno está buscando gobernabilidad a su manera”, consideró Russo y opinó que “es raro decirlo cuando el presidente se la pasa puteando o denotando actores económicos, como los prestadores de medicina privada, a los que les liberó la posibilidad de fijar el precio a su antojo”.
En ese sentido, aclaró, hay que evaluar que “peor que como estamos es difícil que estemos, porque no se puede cambiar de prestador, sea el prestador que sea, hay condiciones que son psiquiátricas”, y apuntó que “me gustaría invitar a la gente que lea esta nota a revisar su experiencia en relación con su prestadora de servicio móvil. Yo conozco casos que le dicen ‘llamá dentro de 10 días a ver si te puedo hacer un precio mejor’ ¿esa es la previsibilidad que se espera en una relación de consumo en el capitalismo moderno y contemporáneo? Es una tomadura de pelo”.
“No puede ser que se esté buscando regatear con alguien que tiene una dominancia sobre mí, que me
Hablando de democracia
“No va a ser por la regulación de las comunicaciones que tengamos una mejor democracia, pero es cierto que si hay peor conectividad hay peores oportunidades para una cantidad de gente con pocos recursos o más alejadas de las zonas urbanas”, destacó.
En esa línea, finalizó: “Si hablamos de democracia y de cuestiones vinculadas al uso de la tecnología, ahí ya aparece un combo con la cuestión de los contenidos, donde por supuesto que hay una mirada desreguladora del lado de Milei y que hace juego con una mirada poco afecta a promover lo nacional y el desarrollo de contenidos nacionales, que también tuvo en su momento el PRO”.
La desregulación de las tarifas de internet, telefonía celular y cable es una medida que genera incertidumbre. Es necesario un análisis profundo y medidas de protección para los usuarios, antes de que se implementen cambios que puedan tener un impacto negativo en la calidad del servicio, el acceso y la democratización de la información.