Pasado el mediodía de este jueves 5 de mayo, venció el plazo dispuesto por la titular del Juzgado N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Claudia Alvaro, para que se generen instancias de negociación que confluyan en una solución pacífica al conflicto generado por la ocupación ilegal del predio del Bajo Flores conocido como ?La Veredita? permitiendo dar cumplimiento a la orden de desalojo del espacio público tal como lo dispuso la magistrada en ya dos ocasiones.
Luego de varias reuniones entre representantes del Ministerio Público Fiscal y funcionarios del Gobierno Nacional y porteño, de planteos efectuados por el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad; y ante el pedido del Fiscal General Adjunto en lo PCyF, Luis Cevasco, de conceder una nueva postergación a la orden de desalojo ?para permitir la concreción de propuestas, atento la cantidad de ocupantes y las diferentes situaciones familiares?, la jueza resolvió ?postergar, la decisión de restitución y desalojo hasta el jueves 19 de mayo, fecha en la cual la medida se ordenará de manera improrrogable, debiendo el Ministerio Público Fiscal comunicar el resultado de las instancias de negociación y la voluntad de materializar la medida?.
Según lo dispuso la magistrada, hasta tanto se llegue a un acuerdo entre las partes para resolver pacíficamente el conflicto, se deberá ?mantener el cordón policial, dispuesto previamente, evitando el ingreso de personas distintas a los actuales ocupantes?, siendo el responsable de dicho operativo el Jefe de la Policía Federal, junto con la Gendarmería y con la colaboración de la Policía Metropolitana.
UN CONFLICTO, VARIOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS
La ocupación ilegal de las veredas que lindan con predios del Instituto Cultural Marianista, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Clubes DAOM y de la Fuerza Aérea, no sólo generó el pedido de desalojo por parte de la Fiscalía porteña, también motivó la intervención de la Defensa Pública de la Ciudad (a cargo del Defensor Javier De la Fuente) y de la Asesoría Tutelar (representada por el asesor Carlos Bigalli).
El defensor no solicitó no sólo ser parte en el proceso de negociación y del trámite judicial para garantizar el derecho de defensa, sino también requirió la suspensión de la orden de desalojo dispuesta, que se designe un mediador y que se ?tengan presente y se acaten las resoluciones judiciales de los Juzgados en lo Contencioso y Tributario nº 1 y 3? los cuales concedían medidas cautelares para los ocupantes ordenando al Gobierno de la Ciudad que ?se otorgue alojamiento a los actores junto con sus grupos familiares en un ámbito adecuado, o bien los fondos suficientes para acceder al mismo?.
En uno de los fallos firmados por la jueza en lo CAyT Elena Liberatori, la magistrada ordenó que ?frente a la situación de desalojo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, abone la suma de 7.200 pesos ?y no 700 pesos en concepto de cuota de emergencia como propone el Gobierno porteño- a cada una de las familias comprendidas en la presente causa?.
Ante estas resoluciones del Fuero CAyT vinculados al desalojo judicial dispuesto por otro Fuero, la Fiscalía porteña realizó una nueva presentación en la que solicitó que se requiera a la jueza Liberatori que ?se inhiba de seguir interviniendo en la acción de amparo? porque de continuar haciéndolo ?sería una inaceptable intromisión en el trámite del proceso?.
En la extensa sentencia a la que tuvo acceso NU, la jueza Alvaro también menciona una información aportada a la causa por la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en la que se expresa que durante las reuniones mantenidas, no participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ?por la cual no hubo una propuesta asistencial superadora por parte de dicho organismo para las familias involucradas, mas allá de la que primigeniamente se ofreció desde el Gobierno de la Ciudad?. También se informó que las autoridades del Gobierno Nacional asistentes a los encuentros sostuvieron que ?que las fuerzas de seguridad convocadas por el Tribunal para que intervengan dentro de la esfera de sus competencias, de llevarse a cabo la orden de allanamiento y liberación del espacio público dispuesta, no se encontraban autorizadas a hacer uso de la fuerza pública aún en caso de ser ello necesario?.
Sobre el pedido de mediación de la Defensa, la jueza dispuso que la Fiscalía se expida; sobre el pedido de inhibición de la Fiscalía contra la jueza en lo CAyT, la magistrada en lo PCyF dijo que en el proceso penal porteño no se contempla un trámite de inhibición; y ante los pedidos de la defensa y la asesoría tutelar de suspensión de la orden de desalojo la jueza fue tajante: se posterga pero no se suspende. ?La resolución que ordena la restitución debe ejecutarse de manera inmediata y por ello los recursos que se interpongan contra ella nunca podrían tener efecto suspensivo?, remarcó la jueza.
