El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó a su gabinete a Sandra Mayol, una aliada a Sergio Massa que fue intendenta del municipio de San Miguel del Monte. Mayol tendrá a su cargo la secretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte en el ministerio que conduce Jorge D’Onofrio.
De este modo, Kicillof renueva su alianza de gobierno con Massa, mientras cada vez son más notables las diferencias con Máximo Kirchner.
Mayol vio truncada su reelección en las elecciones 2019, cuando fue derrotada por José Castro, de Juntos por el Cambio (JxC).
La mujer, considerada amiga personal de Massa, paso por Trenes Argentinos y la Secretaría de Agricultura, para luego ser designada presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial a partir del 28 de noviembre de 2022, cargo al que renunció un año más tarde.
Demanda por fondos de transporte
Al tiempo que designó a Mayol el gobernador Kicillof avanzó con una demanda contra el Estado Nacional por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano en el interior.
El gobierno de Kicillof presentó a través de la Fiscalía de Estado un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir una acción declarativa de certeza contra el estado nacional solicitando se declare la La invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica del Comunicado de Prensa de fecha 8 de febrero de 2024 de la Dirección de Prensa y Difusión del Ministerio de Economía de la Nación que dio cuenta de la reducción del subsidio a la empresas para priorizar la asistencia a los usuarios.
En concreto Kicillof reclamó que la Corte declare la inconstitucionalidad del art. 18 del DNU-2024-280 más la plena vigencia y eficacia del Fondo creado por el artículo 125 de la ley 27.467 (presupuesto nacional – 2019).
Reclamó que la Corte ordene al Estado nacional que se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan en los hechos los términos del art. 125 de la ley 27.467.
Además Kicillof presentó una medida cautelar para que el Estado nacional proceda a la transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto de este fondo desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva.