Luego de que la Fundación Apolo presentará un pedido para que la Justicia intervenga y quite los privilegios a expresidentes de la República Argentina, el Gobierno lanzó un nuevo decreto que modifica el anterior -redactado durante el mandato de Alberto Fernández- y que deroga varios aspectos costosos referentes a las concesiones que se les otorgaba en cuanto a su custodia por seguridad. Cabe recordar que el escrito presentado con anterioridad por la ONG, que llevaba las firmas de su director ejecutivo y legislador porteño Yamil Santoro, y del jefe de legales José Magioncalda, pedía la inconstitucionalidad del decreto de custodia a exmandatarios que firmó en su momento Alberto Fernández
Como principales cambios, el nuevo decreto pone en cabeza de la Casa Militar la posibilidad de evaluar gastos, extensión y otros aspectos de las custodias en el exterior y, lo que es más importante, establecer convenios con otros países en caso de estadía prolongada o permanente. Esto abarata el costo, dado que no obliga a tener un equipo de.custodia que se traslade con todos los gastos pagos.
Desde Apolo remarcaron que “este nuevo decreto establece un método más económico y razonable para el Estado nacional; vuelve más eficiente, en términos de gasto, la custodia de expresidentes y no es tan exigente respecto al tipo de personal que tiene que custodiarlo.”
Entre las cuestiones que la ONG reclamaba en su escrito y fueron modificadas, se destacan:
* Precisión en la definición de “exmandatario”: la redacción anterior dejaba la puerta abierta para que la custodia la demandara un exgobernador, exdiputado, exsenador, exvicepresidente o cualquier otro funcionario que hubiese tenido mandato. Ahora quedó establecido solamente para “expresidentes”.
* Custodias en el exterior: como fue mencionado, en caso de custodias prolongadas o de expresidentes que se radican en el exterior, el nuevo decreto permite la posibilidad de establecer convenios para obtener ese servicio.
La Fundación Apolo entiende que esos privilegios atentan directamente contra el derecho de igualdad de todas las personas “al atribuir un privilegio/prerrogativa irrazonable y a perpetuidad a un ciudadano que no ocupa ningún cargo público”.
