La situación política del presidente Javier Milei se viene complejizando con el transcurso de los meses. Si bien, este lunes realizó una cadena nacional para anunciar que la economía comienza a mejorar porque el Gobierno logró un superávit fiscal del 0,2%, no termina de ser suficiente para las embestidas que deberá enfrentar en las próximas semanas.
Aunque todavía cierto sector de la sociedad lo sigue apoyando – sobre todo su núcleo duro – el malestar ya se comienza a observar en el resto del electorado que espera soluciones que no se están viendo hasta el momento y, por lo cual, esa situación se viene monitoreando desde la Casa Rosada.
A la situación económica se le sumó el primer pedido de juicio político al jefe de Estado por mal desempeño de las funciones públicas y por posible comisión de delitos. Fue presentado en el Congreso de la Nación por varios juristas y activistas de derechos humanos como, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel; Taty Almeida; Alicia Castro; Atilio Alberto Boron; Claudio Lozano; Eduardo Barcesat; Carlos Rozanski; entre otros.
Parte de las acusaciones está referida al ‘mega DNU’ que firmó el libertario y que desregula la economía porque pasa por encima al Poder Legislativo. “Tras la asunción presidencial, se dijo que el Congreso de la Nación sería de inmediato convocado a sesiones extraordinarias, hasta el 1° de marzo de 2024, para el tratamiento de un paquete de iniciativas legislativas que enviaría el PEN.- No fue así, cinco días después de la asunción, y por cadena nacional, con la presencia -único expositor- del Presidente de la Nación, se anunció el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, que oportunamente se enviaría al Congreso de la Nación, que es el DNU 70/2023“, dice el proyecto.
Otro de los puntos es el “genocidio económico” y aquí hace mención a que las políticas que está llevando adelante Milei genera la “privación de vida digna para crecientes sectores del pueblo de la Nación que se ven imposibilitados de acceder y satisfacer sus necesidades básicas, de trabajo en condiciones dignas, de alimentación, vivienda, salud, medicación y educación”.
A su vez se pone de manifiesto el “mal desempeño en el ejercicio de las funciones presidenciales” y eso “refleja la preocupación de nuestros constituyentes por mantener un sistema de pesos y contrapesos efectivo, donde ningún poder del Estado pueda operar de manera arbitraria o fuera de los límites legales establecidos”.
Asimismo, el Presidente es acusado de un “eventual comisión de ilícitos en el ejercicio de la función pública” por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, apología del crimen y abandono de personas.
Cabe mencionar que estas denuncias se dan en el marco de la puja política por quién presidirá la Comisión de Juicio Político y, más aún, en el contexto de la interna de LLA, ya que corrieron a la diputada Marcela Pagano.
