Sorpresivamente, la motosierra recortó también la propuesta de modernización laboral del Gobierno: de 58 artículos que tenía en el borrador de la Ley Ómnibus quedó en 16. De aquel contenido del DNU 70 sólo se preservó un puñado de medidas dirigidas a generar empleo. ¿Alcanzará el gesto gubernamental para levantar el próximo paro de la CGT?
La frenética jornada del miércoles, no sólo incluyó la rebelión de diputados como Miguel Ángel Pichetto al capítulo laboral de la Ley Ómnibus: también se produjo una larga y reservada charla entre líderes de la CGT y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo. Fue el mismo funcionario que cuando el Gobierno recibió por primera vez a una delegación cegetista tomó la palabra para pedirles disculpas por la falta de diálogo y por los vaivenes del DNU. Desde ese encuentro, hace 15 días, Caputo se convirtió en un secreto interlocutor oficial con los gremialistas.
¿El contacto entre el asesor más cercano de Javier Milei y la CGT detonó el drástico cambio que sufrió la reforma laboral libertaria? Lo concreto es que luego de ese encuentro el Gobierno retrocedió para presentar una modernización laboral light, que el plenario de comisiones de Diputados aprobó este jueves dentro del dictamen de la Ley Bases, con un aporte decisivo de Miguel Ángel Pichetto, convertido en el mejor operador político que tuvo la CGT en los últimos tiempos, para quitar otro artículo “antisindical” que sancionaba los bloqueos a las empresas.
“Nada que afecte a la CGT”, fue la consigna enarbolada por Pichetto y por opositores dialoguistas, algunos de los cuales fueron, hasta hace 24 horas, implacables críticos del poder sindical. Quizá sea una de las últimas banderas de Juntos por el Cambio (JxC) que se terminaron arriando en estas horas.
Curiosamente, tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje, en medio de las conversaciones sobre la reforma laboral entre Guillermo Francos, actual ministro del Interior, y la CGT, algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA) admitieron que había puntos de la propuesta que afectaban al sindicalismo, pero que fueron incorporados sólo para obligar a la dirigencia cegetista a negociar. Como el artículo que dinamitaba las cuotas solidarias, el recurso para financiar los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no. Pero el contenido más irritativo para el sindicalismo no sólo no desapareció del DNU, como había prometido Francos, sino que se endureció aún más. Algunos le echaron la culpa a Federico Sturzenegger, a cargo de la revisión final del decreto.
Si el Gobierno estaba dispuesto a quitar del DNU lo que molestaba a la CGT para encarrilar la relación con el gremialismo, ¿por qué no lo hizo antes? Así se hubiera evitado casi cinco meses de conflicto, con un paro general de 12 horas con movilización que se hizo el 24 de enero, una marcha de protesta prevista para el 1° de mayo y otra huelga de 24 horas que tendrá lugar el 9 de mayo. Incluso si hubiera propiciado un debate amplio y profundo sobre la legislación laboral, Milei podría haber logrado consenso de algunos sectores para cambios que no se pueden hacer unilateralmente.
Hay algo curioso: con tanto recorte a la “modernización laboral”, parece que la CGT hubiera quedado a la vanguardia de Milei en ese rubro. Es que la central obrera difundió a mediados de abril un documento llamado “Agenda para un nuevo contrato social”, que utilizará para debatir sus ideas con otros sectores, y allí figura un primer capítulo, “Trabajo”, en el que acepta “avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual con sus nuevos derechos, que contemple los paradigmas tecnológicos y la capacitación técnica que demandada, afirmando a su vez los convenios colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio”.
Entre las propuestas de la CGT, que el gobierno libertario aún no contempla, figuran una nueva normativa de accidentes de trabajo que “haga centro en una efectiva política de prevención garantizando la seguridad y la salubridad en los ámbitos de trabajo”, una ley del primer empleo con beneficios impositivos a las pymes que contraten personal, la reforma del sistema integrado de inspección para garantizar avances en materia de precariedad e incumplimientos laborales y un programa nacional de lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil.
Por esas volteretas del destino, la CGT que impugnó el capítulo laboral del DNU termina aceptando el debate de cambios en la legislación y proponiendo ideas que van más allá de lo que el Gobierno se resignó a impulsar en el giro copernicano de su jibarizada “modernización laboral”.