Su bloque citó a Waldo Wolff a la Legislatura porteña por las fugas de los presos, pero no asistió. ¿Qué buscaban de esa reunión?
Nosotros, como Poder Legislativo, tenemos la tarea de legislar y también contamos con herramientas de control sobre el Ejecutivo, para acceder información o incluso, brindar información a la sociedad. La verdad es que hace tiempo que vienen habiendo problemas extraordinarios en lo que tiene que ver con el ámbito de las Fuerzas de Seguridad. Por un lado, hemos visto el accionar de las fuerzas nacionales ocupando roles que la Constitución de la Ciudad no prevé, lo cual para nosotros es anticonstitucional. Por otro lado, hemos visto niveles de represión muy fuertes, que incluyeron hasta un balazo de goma en la cara de un periodista de Crónica. Y antes en el Congreso, represión en trabajadores de Prensa. Y trato violento a personas que están pidiendo alimento en un momento de crecimiento de pobreza e indigencia. A todo eso, le sumamos las al menos cuatro fugas en lo que va del 31 de marzo para acá. Estamos hablando de alrededor de diecisiete presos que se fugaron.
¿Por qué cree que fueron posibles esas fugas?
Hay una interna entre la Justicia de Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional que desconozco. También está el tema de que los presos no están en las condiciones que deberían estar en las comisarías. Eso hace que se escapen y ponen en riesgo a los vecinos. Y lo peor es que no vemos un esquema de largo plazo para poder resolver el tema. En ese marco, nosotros hemos pedido informes. En mi caso, envié dos pedidos de informe que todavía no han sido contestados. Entonces, junto con otros bloques, sobre todo con la izquierda, se unificó el pedido para que vengan a darnos explicaciones y facilitarnos la información, a nosotros y a la sociedad. En vez de hacer eso, decidieron no venir. Evidentemente, no tienen la voluntad de avanzar en esta temática de forma coordinada con nosotros. Es decir, no vemos que resuelvan los temas, pero tampoco vemos que quieran conversar o aceptar ideas.
¿A qué se refiere cuando dice que las condiciones de las comisarías no son las adecuadas?
Las comisarías no están pensadas para tener personas detenidas por mucho tiempo. Son lugares en donde una persona está detenida hasta que un juez o fiscal decida qué hay que hacer. Y después, en todo caso, se lo transfiere a una alcaldía o directamente se lo pone a disposición del servicio penitenciario. En la Ciudad de Buenos Aires, hay una comisión, que todavía no avanzó en su trabajo, pero donde se busca crear un servicio penitenciario de la Ciudad, que hoy no existe. Además, hay un convenio, que también está paralizado, para mudar la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Eso permitiría, a través de un convenio con la Ciudad, poder mudar los presos que hoy están en las comisarías que son alrededor de 2000 por comisaría. Mil son de delitos federales que no deberían estar ahí y sin embargo, pasan meses. Las comisarías no tienen lo que un lugar de detención debería tener. Eso es tener, por un lado, baños. Eso genera que los policías tengan que compartir espacios con los presos. Para poner un ejemplo, se tienen que turnar para dormir en una cama porque hay cuatro colchones y ocho detenidos. Eso denigra las condiciones de detención, mezcla personas que quizás están por delitos menores con otras más complicadas, y además facilita este esquema de fuga.
¿Por qué?
Este tema existe hace tiempo y también pasa en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que se ha planteado un esquema en donde la Justicia actúa con tal lentitud que muchas personas terminan estando por muchísimo tiempo en situación de procesamiento. Lo que ocurre particularmente en la Ciudad de Buenos Aires es que ha aumentado muchísimo la cantidad de detenciones. A esto se le suma la falta de vacantes en las cárceles nacionales que hace que no puedan transferir a los detenidos. Pero repito, esto ya venía pasando. Ahora, se están dando estas fugas, lo cual demuestra que hay algún tipo de interna por la transferencia de las fuerzas entre Ciudad y Nación. Pero ahora llama más la atención, porque son de partidos políticos medianamente aliados. Esta cantidad de presos fugados no venía pasando el año pasado de esta misma manera.
¿Entonces piensa que la interna política pesa más que las condiciones de detención?
Las condiciones se pudieron ir agravando. Pero si no cambiaron esas condiciones objetivas, lo que sí cambió es quien está en el Ejecutivo de Nación y Ciudad, y también cómo se conformaron los gabinetes. Y si se está dando que hay un incremento importante en las fugas en el mismo momento que surgieron estos cambios, evidentemente la interna política tiene algo que ver. La realidad es que no tengo la información. Por eso, los queríamos citar. Para que nos digan qué es lo que está pasando. Los vecinos de la Ciudad tienen una comisaría y creen que los policías están ahí para protegerlos, y resulta que ahí es el lugar de donde se fugan presos peligrosos que los pueden ir a atacar. Es una situación de emergencia.
Recientemente se publicó un informe en el que usted colaboró, que afirma que el gobierno de Jorge Macri cuenta con bajos niveles de democracia. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
Hubo un trabajo que nosotros venimos haciendo hace tiempo que es el tema del seguimiento. Nosotros, como Poder Legislativo, tenemos diferentes instancias de control republicano. Y es federal en el caso de nuestro país, donde cada jurisdicción plantea sus propias reglas, que están plasmadas en su Constitución local. En el caso de la legislatura porteña, nosotros podemos o presentar un proyecto de ley, declaraciones que consisten en mandar un mensaje sobre una opinión con respecto a alguna decisión política, y después podemos aprobar pedidos de informe. Después, están los informes de la auditoría, de los organismos de control y de la Defensoría. También, contamos con la posibilidad de hacer estas sesiones especiales que pueden llevar a citaciones y en última instancia, a un juicio político. Pero lo habitual es que se hagan pedidos de informe que eventualmente son aprobados en las comisiones. Estos pedidos de informe debieran ser públicos porque una de las bases del sistema democrático es que los ciudadanos puedan acceder a la información para así, poder evaluar la gestión. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento de los informes que pedimos y de cómo fueron respondidos.
¿Y con qué se encontraron?
En mi caso en particular, solo un 20% de los pedidos que hice se aprobaron. Y de esos que aprobaron, contestaron solo dos o tres. Y mucho de lo que contestan son meras formalidades que no incluyen nada de la información que solicitamos. Por lo tanto, nos están retaceando mucha información. Cuando digo que se aprobaron me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo pedir información sobre cómo está el Programa de Asistencia de Víctimas de Trata. Eso se trata en una comisión. Si se aprueba en la comisión, eso va al recinto, es decir, al plenario donde están los 60 legisladores. Y si ahí se aprueba, va al Ejecutivo que tiene un plazo determinado para contestar. Bueno, muchos de los que presentamos, no logramos que sean tratados en las comisiones. Vale aclarar que el oficialismo cuenta con mayoría en todas las comisiones. Y también en el plenario. Como consecuencia, deciden no tratarlas. Pero incluso termina siendo algo negativo para ellos.
¿En qué sentido?
Y ahora estamos discutiendo la ampliación presupuestaria. Una de las razones por la cual ellos piden la ampliación es por el crecimiento de la inflación. Queremos conocer la ejecución presupuestaria. Y no logramos contar con esa información. Los pedidos de informe son una herramienta que facilita la transparencia del gobierno, pero también es la forma que la oposición tiene de control republicano sobre el oficialismo.
Durante el último gobierno de Cristina Kirchner, usted desempeñó el rol de Secretario de Empleo de la Nación. ¿Pidió informes sobre los despidos que tomaron lugar en la gestión de Jorge Macri?
Sí, sí. Venimos trabajando en estos temas desde hace ya varios años. Además, a mí me toca ser presidente de la Comisión de Trabajo, por lo cual, nosotros venimos trabajando mucho sobre esta área. Por ejemplo, hemos pedido informes por la situación de precarización laboral de los policías de tránsito, por todo lo vinculado a las áreas de género, por el Programa de Cultura en Barrios y después, hacemos un seguimiento de muchas áreas que vieron reducido su personal y que nos vienen a hablar a nosotros o nos enteramos a través de los medios o el Boletín Oficial. Lo que preguntamos sobre todo es si esas disminuciones de personal tienen que ver con alguna modificación de metas o de ejecución de los programas. Lo que pasa es que ahora tampoco tenemos la desagregación por programa de la información, ni siquiera a lo que refiere el pedido de ampliación presupuestaria. Se supone que cada programa cuenta con una cierta cantidad de recursos, incluyendo a las personas, para poder resolver una determinada cantidad de casos. Sin esa información, es muy difícil ver si van a poder cumplir con los objetivos.
¿Y cuál fue la respuesta del Ejecutivo?
Contestan con una extrema formalidad como “Lo que se vinculó son personas que ya no forman parte de la planta o que ya no garantiza el cumplimiento de las metas”. O directamente, no los responden. Lo que sí está pasando es que la situación nacional está llevando a una caída de la recaudación muy fuerte, recordemos que la recaudación de la Ciudad es un 90% de Ingresos Brutos (IIBB) que están asociados a la actividad económica, entonces les está faltando la plata para poder sostener el presupuesto más allá de que lo habían propuesto con superávit. Por eso, vienen también con la ampliación presupuestaria. Y eso también les sirve de excusa para los despidos, más allá de que algunos tienen que ver con la planta política. Algunas áreas tratan de justificar, mediáticamente y no a través de un pedido de informe, haber cortado algunas áreas de la estructura política.
Ustedes como oposición, ¿tienen alguna propuesta para todos aquellos que hoy están sin trabajo?
Con respecto al Gobierno de la Ciudad, nosotros junto a los gremios venimos proponiendo el pase a planta de las personas que están contratadas con la Ciudad. Logramos que nos dijeran que el número de personas es alrededor de 20.000, un número que no admitían. La planta les garantiza estabilidad ya que permite que no se los pueda despedir de esta forma. En el Ministerio de Desarrollo Económico, comandado por Roberto García Moritán, tienen contratadas a más de 150 personas en gabinete con contratos y demás. En ese caso, nos parece un exceso, teniendo en cuenta que el presupuesto del Ministerio para atender la urgencia de la PyMES es muy limitado. Entonces uno puede ver que es exagerado lo que se gasta en asesores y planta política. A la hora de discutir el empleo público hay que discutir para qué se utiliza.
Una de las mayores sorpresas de la Marcha en Defensa de la Educación Pública fue la adhesión de la privada Universidad Argentina de la Empresa. ¿Qué opina de esta iniciativa?
Yo estoy bastante vinculado a la universidad porque en su momento, fui autoridad en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, soy docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la de La Matanza. He cursado posgrados en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Entiendo entonces que lo de la UADE es una defensa de la educación pública y de las universidades en general que depende del presupuesto público. Me parece que los logros de este sistema son el fruto de una lucha de mucho tiempo. Desde el reformismo a comienzos del siglo pasado con el protagonismo de sectores radicales y socialistas. Y después con el gobierno de Perón con la gratuidad de las universidades. Gracias a esto se pudo construir la Argentina del ascenso social, los Premios Nobel, la posibilidad de armar un futuro basado en la educación y el trabajo. Es algo que nos distingue y nos enorgullece. Por lo tanto, hemos retrocedido mucho para que estemos en una situación donde tengamos que salir a defender esto frente a un ataque sin ningún sentido.
¿Por qué cree que el Gobierno está llevando a cabo este ajuste?
Por un lado, hay una estrategia del Gobierno Nacional de recortar todo lo que pueda. Esto es, supuestamente, para modificar lo que hizo Macri en su momento que fue un ajuste gradual, que ellos quieren hacerlo con shock. El recorte principal se hizo sobre los jubilados, sobre aquellos que recibían algún tipo de asistencia social, los empleados públicos y las universidades. Entiendo que lo hacen desde este discurso en contra del Estado al afirmar que el público vive del privado, que fue una de sus banderas de campaña. Esto es tratando de entender lo que ellos dicen, porque no tiene ningún sentido en la realidad. O sea, Benegas Lynch tiene una cátedra en la facultad de derecho. Es evidente que lo que él llama adoctrinamiento, que es en realidad que haya opiniones distintas a la suya, es lo que él usa de fundamento para su accionar. Yo creo que hay alguien que le dice que decir ese tipo de cosas le sirve mediáticamente. Siento que está cometiendo un error, porque creo que es una inmensa mayoría de la Argentina que cree que esto no tiene que ser así. Pero, bueno, mienten y han ganado la batalla de la comunicación en las redes.
En este contexto de ajuste, la noticia de que el salario de los diputados aumentó no fue bien recibida por mucha gente. ¿Usted cómo lo ve?
El gobierno nacional hizo una batalla de la antipolítica y la casta. Y entonces tomaron algunas decisiones, como no usar el avión presidencial o, como dijo Caputo, hasta pagarse ellos mismos el café. Después, se empezó a ver que en la realidad esto no pasaba. Adorni nombró auditor a su propio hermano y le aumentó el sueldo. Y hasta se los ve en fiestas de mucho derroche de recursos. Me parece que en eso están yendo para atrás con su supuesta promesa de campaña, al igual que lo están haciendo con lo de las prepagas. Del otro lado, está el tema de lo desactualizados que están los salarios públicos, que tuvieron ajustes muy por detrás de la inflación. Los parlamentarios están, en realidad, en su paritaria, al igual que también lo estamos nosotros. Por lo tanto, cuando se habla de aumento en general, se tratan de actualizaciones que tratan de ir acorde a la inflación y son las que los gremios tratan de conseguir en cada uno de los sectores. No sé cuál fue el aumento porque desconozco el salario de los legisladores nacionales. Me parece que es lógico en este contexto hablar de aumentos. Repito, desconozco la situación de los diputados y no puedo afirmar si fue un exceso o no. Acá en la Legislatura Porteña, estamos perdiendo.
Por último, ¿de qué se trata el Centro de Estudios Metropolitanos que usted integra?
Es un consorcio de cooperación que armamos en el año 2016 entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) con la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Hurlingham. La intención es justamente cubrir toda el área metropolitana, no solo desde acá de la Ciudad sino también de forma coordinada con el resto. Todo eso, la idea es trabajarlo desde un ámbito académico y que funcione como un puente entre la academia y la política. Venimos trabajando muchos temas como seguridad, ambientales que afectan más allá de la jurisdicción. Instalamos varios temas en la agenda mediática como paridades del presupuesto de un lado y del otro de la General Paz, el tema de la venta de las tierras en la Ciudad de Buenos Aires y demás. Gracias a nuestros informes públicos hemos instalado el debate sobre esos temas.
