Los casos de menor cuantía, aquellos que por ser temas de poca relevancia económica para abogados y jurídica para los magistrados, no encuentra en la justicia ordinaria un camino de solución al conflicto, deben, por ahora, recurrir a otras alternativas para resolverlos (mediación, conciliación, arbitraje, o simplemente la resignación). Frente a esta realidad, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto en la Cámara Baja para otorgarle a la justicia nacional una herramienta para responder de forma ágil y de bajo costo, demandas civiles, comerciales y de consumo, cuyos montos no superen los 20 mil pesos, y las demandas sin contenido patrimonial por conflictos de vecindad.
El pasado martes, en el Anexo de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja organizó un debate para discutir el proyecto de ley, del cual participaron jueces, ex jueces, especialistas en derecho procesal, miembros del Colegio Público de de Abogados de la Capital Federal, Federaciones de Colegios, representantes del Ministerio Público porteño y de los Consejos de la Magistratura de la Ciudad y de la Nación.
Durante el encuentro, se describieron las ventajas del proceso propuesto (impulsado de oficio, regido por la oralidad actuada, simplicidad, informalidad, economía procesal y celeridad) cuyo objetivo será lograr soluciones conciliatorias. También se detalló el punto correspondiente al beneficio de litigar sin gastos, que, en el caso de ser concedido, quien lo haya solicitado podrá contar con el patrocinio letrado de la defensa pública, de un abogado propuesto por el CPACF, o de asesoramientos jurídicos gratuitos. Además se remarcó que en el proyecto, se establece la obligatoriedad de contar con un representante legal (un abogado) cuando una de las partes cuente con patrocinio legal, o cuando existan desigualdades entre las partes para exponer y defender sus posiciones (es decir? casi siempre se deberá contar con patrocinio letrado).
Si bien los representantes de instituciones de la Ciudad que participaron de la reunión coincidieron con la necesidad de dar respuesta a la ciudadanía porteña frente a los conflictos judiciales de menor cuantía, el ex consejero de la Magistratura porteña y actual presidente de la Unidad de Implementación y Seguimiento de Políticas de Transferencia de Competencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Julio de Giobanni, remarcó que la mejor opción sería crear los tribunales vecinales.
?Nos parece que el mejor camino sería la transferencia de las competencias y que la Ciudad, constituidas ya las comunas, cree su justicia vecinal. Este es el objetivo que nosotros queremos alcanzar?, afirmó.
Pero ante el claro interés de los diputados firmantes del proyecto (los bonaerenses Ferrari, y Juan Tunessi, Carlos Carranza de Santa Fe, y la porteña Laura Alonso) de avanzar en la línea del proyecto, pasando por alto el diseño descentralizado ?tanto en lo político como en lo judicial- que la Constitución porteña prevé, De Giovanni propuso que se añada en la iniciativa un texto que reconozca la autonomía local.
El funcionario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, pidió que se incluya en el articulado del proyecto definitivo que ?la ley regirá hasta tanto la Ciudad de Buenos Aires cree su propia justicia vecinal, momento en el cual se transferirán las competencias establecidas en el artículo 2 de la norma".
