Este martes, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, se presentó ante las comisiones de Justica y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña para mantener una reunión informativa respecto al proyecto de Ley de Reiterancia impulsado por el Poder Ejecutivo con referencia a la modificación al Código Procesal Penal. El funcionario concurrió acompañado por Adrián Grassi y Jorge Djivaris, integrantes del ministerio.
El encuentro estuvo coordinado por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ines Parry (UCR evolución) y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (Vamos por Más), y contó con la presencia de Matías López, Vicepresidente primero de la Legislatura, junto a los diputados porteños que integran ambas comisiones.
Durante la presentación, el ministro explicó que el objetivo es que la ley se cumpla y haya seguridad, garantizando los derechos humanos y la constitucionalidad. Detalló que las modificaciones presentadas se basan en tres ejes: el primero prevé la obligación para los jueces penales de comunicar a la Dirección de Migraciones sobre el dictado de ciertos actos procesales sobre personas extranjeras, el segundo incorporar normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, requisas y secuestro de bienes procedentes de delitos, y lel tercero a figura de reiterancia delictiva.
Los funcionarios profundizaron sobre la importancia de incluir el concepto de la reiterancia, que implica darle una herramienta a los jueces para que aquella persona que vuelve a cometer un delito, en lugar de que atraviese el proceso en libertad, lo haga en la cárcel.
Además, en relación a los extranjeros, la letra del proyecto impulsa pedirle a los jueces y tribunales que pongan en conocimiento a las autoridades de migraciones la existencia de un proceso contra una persona de otro país para que quienes vienen a la Argentina, si no se sujetan a la sean expulsados del país. El equipo de Justicia agregó que esta modalidad también ayudaría a descomprimir el sistema penitenciario.
Luego de varias preguntas formuladas por distintos legisladores, los funcionarios respondieron cada una de ellas, tomando en sus desarrollos algunas experiencias de diferentes provincias de nuestro país que ya cuentan con la reiterancia y aclararon que la norma no limita el derecho a la protesta.
El jueves 21 de marzo, el Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para impulsar la Ley de Reiterancia, en el marco de una modificación integral del Código Procesal Penal de la Ciudad, con el objetivo de endurecer las penas y que rija un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos.
Sobre este tema, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, indicó: “Proponemos que si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso presa. Queremos que los delincuentes sean los que estén tras las rejas y que los vecinos de la Ciudad se sientan libres y seguros”.
Además, agregó: “Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. Delito de adulto, pena de adulto. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”.
El concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia”, que rige ahora. Con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso. La reincidencia, en cambio, habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial (que puede durar años), con la posibilidad de seguir delinquiendo. Esta modificación tiene el objetivo de evitar la llamada “puerta giratoria”, que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con la chance de volver a delinquir.
Otras reuniones
Previo a esta reunión conjunta, tuvieron lugar otras dos reuniones de comisión. La de Tránsito y Transporte abrió la agenda parlamentaria, conducida por su presidenta, Marina Kienast (Frente Liberal Republicano), junto a Alejandro Grillo, Silvia Imas, Luciano Lapeña, Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), Pablo Donati (Frente Liberal Republicano) y Sebastián Nagata (Confianza Pública). Durante la reunión se planteó pedir información al Ejecutivo acerca del servicio de acarreo y los controles realizados por el Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad, mientras que se propuso declarar de interés dos campañas.
Por último, se desarrolló la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, encabezada por su presidenta Victoria Montenegro (Unión por la Patria), y contó con la presencia de los diputados Claudio Romero, Marina Kienast, Jorge Reta, Lucio Lapeña, Alejandrina Barry, Celeste Fierro, Sergio Siciliano, Lucía Montenegro, Francisco Loupias, Delfina Velázquez, María Bielli y Gustavo Mola. Allí se trataron distintos temas entre los que resaltaron los homenajes por el 40 aniversario de la creación del Equipo argentino de Antropología Forense y el 50 aniversario del martirio y asesinato del padre Carlos Múgica. Además, se presentaron dos proyectos de declaraciones de persona no grata con respecto a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y su presidente de la Comisión Nacional Electoral, Elvis Amoroso.
