La Defensoría del Pueblo instó al Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para que asigne instrucciones "precisas y urgentes" a la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires para que proceda a reglamentar la Ley de Talles, sancionada por la Legislatura en enero de 2010.
La ley que los comercios se niegan a cumplir busc aque conseguir ropa, para algunos, no sea un suplicio y tiene por objeto garantizar un mínimo de ocho talles en los establecimientos comerciales cuya actividad sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria.
Si bien, se estipulan multas y sanciones para los incumplidores, los talles siguen sin aparecer, pese a que la norma obliga a producir o importar indumentaria en concordancia con los talles dispuestos.
"En la Ley de Talles (nº 3330) quedó supeditada su entrada en vigencia a partir de los 180 días de su reglamentación, sin que se le haya fijado plazo alguno al Ejecutivo local para que ejecute dicha reglamentación. Por ello, la Defensoría señaló que se observa una excesiva dilación y ostensible demora en el trámite reglamentario", comunicó oficialmente el órgano de contralor local.
Asimismo, se manifestó que: ?De este modo, no sólo se está vulnerando el efectivo ejercicio de los derechos contenidos en la Ley, sino que además se desdibuja la función del órgano legislativo de la Ciudad como representante de la voluntad popular, deteriorando la calidad institucional?.
En el marco de la protección de los derechos de los consumidores, las disposiciones de la norma procuran evitar que se susciten situaciones de discriminación por la condición o aspecto físico de las personas.
"Por otro lado, tampoco puede soslayarse que la regulación propuesta se conecta directamente con el derecho humano a un nivel de vida adecuado, que incluye, entre otros, el acceso a vestimenta, explicaron desde la Defensoría.
