Luego de que se difundiera la resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo explicó. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, señaló a modo de introducción.
“Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, agregó el vocero que, para sostener esta posición, apuntó: “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.
Par ser más específico, el funcionario explicó que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.
Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos surgen de gente que perdió privilegios: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”
La denuncia contra el Gobierno la inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”
Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó que verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno de Alberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 27, 2024
Casanello ordenó un plan urgente para distribuir los 5 millones de kilos
Este lunes, el juez Sebastián Casanello ordenó un plan urgente para que el Gobierno distribuya los 5 millones de kilos de alimentos acumulados que se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.
En este contexto, la fiscal Patricia Ochoa determinó la posible comisión de delitos de acción pública en relación al presunto incumplimiento de deberes de funcionario, por lo que le pidió al juez que dicte una medida cautelar innovativa que le ordene al Ministerio entregar los alimentos en un plazo máximo de 5 días.
Ante el pedido de la fiscal, Casanello liberó una orden de presentación para que las autoridades competentes detallen el stock de alimentos almacenados, junto a su fecha de adquisición y expiración.
También se liberó una orden de presentación con allanamiento en ambos galpones y, para evitar el registro, el Ministerio deberá presentar la documentación solicitada este lunes 27 de mayo, mientras cuentan con un plazo de 72hs para presentar un plan de distribución de los alimentos guardados.
Las actuaciones detalladas se produjeron en el marco de la causa que se abrió tras la denuncia penal presentada por Juan Grabois contra la ministra Pettovello el pasado 3 de febrero por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad a raíz de que el Gobierno limitara la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.
“Vamos a usar todos los medios legales, judiciales, comunicacionales, acción directa no violenta, para que no falte el pan en ninguna mesa”, aseguró al respecto el dirigente social, quien arremetió: “Las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen”.
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En su presentación, la fiscal determinó que el órgano público habría incumplido con los pedidos formales realizados anteriormente y explica: “La investigación, también reveló que ante los requerimientos directos y concretos de esta Fiscalía, el Ministerio de Capital Humano de la Nación no contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”.
Sobre las afirmaciones que hablaban de un presunto plan sistemático de robo de comida, Ochoa indicó: “Vale subrayar aquí, con relación a las aseveraciones reseñadas por el Ministerio volcadas en el acápite I.7, que describen las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas en el proceso de distribución de alimentos hasta el 10 de diciembre de 2023, que más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten”.
A su vez, la fiscal reclamó que desde el Ministerio no informaron “en qué fecha aquellos alimentos fueron adquiridos, desde cuándo -y con qué finalidad- se encuentran acopiados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y, por lo tanto, cuáles son sus fechas de expiración”.