La cita de este lunes en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, prevista desde las 10 de la mañana, involucró a representantes de 41 prepagas además de las dos partes actoras en nombre del Gobierno: la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Industria y Comercio.
La participación de última hora de la dependencia del Ministerio de Economía, aceptada por el juez Juan Rafael Stinco el viernes por la noche, sorprendió a algunas prepagas, mientras que otras lo consideraron “razonable”. Comercio pidió su integración al encuentro al considerar que lo que se resuelva en la audiencia podría afectar la acción por ‘cartelización’ que lleva esa repartición por cuerda separada.
La pregunta de los protagonistas en la previa del encuentro en el Juzgado 3 -que a contrapelo de la virtualidad corriente se decidió que sea presencial- era sobre la dinámica que tendría este debate que se presumía complejo. Y lo fue. Todas las empresas tenían algo para decir y los matices entre unas y otras en cuanto a su capacidad financiera no son menores.
Ante ese panorama, Stinco les dio a las empresas un espacio inicial para que trataran de consensuar una propuesta común. Mientras eso sucedía, el juez mantuvo una reunión aparte en su despacho del cuarto piso con los representantes de la Superintendencia y de Comercio.
Después de las 13, según trascendió, las prepagas había llegado a un acuerdo entre ellas para poder avanzar en un acuerdo con el juez. “Hicimos una propuesta de pago y quita y estamos esperando que lo discutan”, dijeron.
La propuesta consistió en una devolución de dinero de 24 por ciento en 12 cuotas, lo que daría un descuento del 2 por ciento sobre esas cuotas futuras. Para los que se acogieron al RIPTE, en tanto, se propuso que la devolución sea en tres cuotas. Además, se planteó que a partir de octubre las cuotas vuelvan a quedar liberadas (ya no atadas al IPC).
Para que ese plan prosperara debía tener el acuerdo de la Superintendencia y de Comercio, que lo analizaba al cierre de esta nota. En principio, según pudo saber Clarín, no lo aceptaría por considerarlo escaso.
Además, desde el Gobierno dejaron trascender que las siete prepagas más grandes, acusadas por ‘cartelización’, pondrían como condición para un acuerdo que esa imputación el juez la desestime, por más que la misma no sea de su competencia sino de Comercio. Las prepagas niegan la versión oficial. La prohibición de que la audiencia fuera pública permitió que estas versiones crecieran sin posibilidad de confirmación.
El inicio de la audiencia se demoró por la gran cantidad de acreditados de las prepagas que debieron ingresar a la sala del segundo piso del Consejo de la Magistratura, en Libertad 731, con capacidad para 120 personas.
El planteo de las prepagas
El nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud, Hugo Magonza, dijo: “Nuestro planteo es que nosotros tenemos argumentos para demostrar que lo que ocurrió no sólo no fue una acción ‘cartelizada’, sino que fue una acción prudente del sector de no aumentar todo lo que tenía que aumentar, de ir haciéndolo de forma progresiva”.
A esas primeras 23 empresas incluidas en el expediente se sumaron la semana pasada otras 18: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, COBENSIL, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra. S.A., Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Todavía es una incógnita que pasará con las decenas de prepagas pequeñas que por ahora no han sido incluidas en la cautelar, lo que concita la preocupación de sus afiliados. Mientras desde una cámara que agrupa a algunas de esas empresas dijeron a este medio que respetarán igual, voluntariamente, lo que se decida tras la audiencia, hay otras compañías que -según testimonios de afiliados- se considerarían ajenas a todo imperativo legal, con libertad para seguir avanzando por el carril del desamparo.
