A partir de sus primeras medidas, la administración Milei profundizó una crisis que ya se extendía desde mediados de 2018, cuando Mauricio Macri decidió apelar al Fondo Monetario Internacional para financiar la salida de capitales “golondrina”, que había quedado atrapados en pesos en un mercado del que buscaban emigrar.
Las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza afectaron profundamente, además, al mercado interno, que quedó atrapado también en una constelación de salarios “miserables” (según el propio presidente de la Nación), con fábricas cerradas y, por lo tanto, con millares de maquinarias industriales apagadas. Todo esto fue el resultado de una crisis que fue impulsada por el propio presidente de la Nación que impuso una feroz devaluación, seguida luego por una suba de tarifas que no fue efímera, sino que se mantiene constante en el tiempo, mermando el poder adquisitivo del Pueblo y deprimiendo las actividades productivas.
En este marco es que el Poder Ejecutivo unipersonal -que ejerce El Jefe, mientras su hermano realiza sus periplos ideológicos, religiosos y espirituales por el ancho mundo-, alguien ideó un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto tan abstruso, que ni siquiera los ministros que deben defenderlo en el Congreso conocen su texto. Lo que está claro, entonces, es que ninguno de ellos participó en su redacción.
El proyecto, tal como fue elaborado, corporiza el sueño húmedo de los liberales argentinos, que se ilusionaron desde siempre con un país limitado a exportar materias primas, sin industrias ruidosas, ni obreros rebeldes, ni plata en los bolsillos de la clase media.
Paralelamente, el RIGI establece la desnacionalización de las actividades económicas rentables en el campo de la agroindustria, la minería, el gas y el petróleo, la explotación forestal, la infraestructura, la energía y la tecnología. Los beneficios que implica el régimen están tallados a la medida de los fondos de inversión, no de las empresas productivas, que siempre deben pelear en el mercado con armas no letales, al contrario de sus rivales del mundo financiero, cuyo objetivo es el beneficio y no la manufacturación.
El objetivo puramente financiero que promueve el RIGI se puede ver en su carácter cortoplacista y en que favorece el tráfico (quizás no ilegal) de divisas que se generarían en el país, a cambio de nada. ¿Tanto, por tan poco?
El régimen otorgaría beneficios tributarios y aduaneros excepcionales, con la única exigencia de que el 40% de la inversión sea ejecutada en los primeros dos años. Paralelamente, el Estado argentino dejaría de percibir durante 30 años su parte de la recaudación impositiva que le correspondería, a pesar de que asegura a los grandes inversores una rentabilidad extraordinaria.
El exceso de beneficios que recibirían las empresas que se radicarían en el país de la mano del RIGI deja entrever la mano de los estudios jurídicos corporativos que, como en otros ítems de la Ley Bases, operaron a gusto, sin ninguna limitación de parte de la Casa Rosada.
Por de pronto, como parte de la “cortesía impositiva” con la que será recibidas, las empresas no pagarán retenciones por sus exportaciones, pagará arancel cero por sus importaciones de maquinarias nuevas o usadas y de otros bienes de capital, no se les exigirá “compre nacional”, pagarán una alícuota de Ganancias del 25% (cuando los empresarios nacionales pagan el 35%) y estarán exceptuados de la obligación de liquidar divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) en un 80% el primer año, en el 60% en el segundo año y 100% a partir del tercer año. Es decir, liquidarán cero pesos a partir del tercer año. Y no sólo eso, sino que los adherentes del RIGI estarán exentos de toda restricción para el acceso al mercado cambiario para el pago de dividendos a sus socios en el extranjero. Esto, en un país en el que siempre faltan dólares.
Por si esto fuera poco, cuando liquiden dividendos y utilidades a sus accionistas en un plazo mayor a tres años de producida la ganancia, las empresas, que son agentes de retención del 7% del Impuesto a las Ganancias, pagarán cero, nada. El dividendo será puro y duro.
El Artículo 37° de la norma, por su parte, garantiza a los caballeros inversores que “la exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación”, a la vez que el Estado se compromete a proteger “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al Vehículo de Proyecto Único (VPU) toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras”.
El carácter extractivista del régimen otorga todo y no pide nada a cambio, ni siquiera la ropa de los trabajadores están obligados a adquirir en la Argentina, ni los vehículos de uso diario y hasta todos los trabajadores podrían ser extranjeros, porque no tienen obligación de emplear mano de obra local.
En el curioso Artículo 58°, el proyecto de creación del RIGI se pone mimoso con las empresas que adhieran al régimen. Comienza advirtiendo que “todas las controversias que deriven del presente régimen”, que incluyen hasta la propia adhesión a él, “se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas”. Luego, llevando el amor hasta el paroxismo, le permite elegir al VPU (la empresa) el ámbito judicial si hubiera problemas legales, que puede ser o el Reglamento de Arbitraje de la CPA (Cour Permanente D’Arbitrage), establecido en La Haya; el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI. Hasta permite el proyecto -ese nivel de detalle sostiene- que los juicios sean en español y en inglés. Hay gente que todavía no confía en la Justicia argentina, por lo visto.
El capitalismo del desastre
El RIGI no traerá la prosperidad a los argentinos, vistas las concesiones que se les otorgan a los capitales extranjeros, al mismo tiempo que se sanciona de manera brutal a los capitales argentinos, que deben pagar más impuestos, lidiar con un mercado inestable y sufrir las consecuencias de las políticas de un Gobierno que mira más hacia afuera que hacia adentro.
Este proyecto de desarrollo “hacia afuera” ya fue implementado en otros países, como México, Ecuador y Chile y en todos los casos fue ruinoso para sus economías, ya que la premisa es el extractivismo, las exenciones aduaneras y la destrucción del mercado interno. Esto último debido a los bajos salarios y a la precarización laboral.
Con el RIGI, Argentina vuelve al subdesarrollo y a una economía basada en exportación de materias primas, con una población sumida en la miseria y una élite enriquecida a fuerza de someter a los trabajadores a un régimen represivo, absolutamente coherente con el Protocolo de Patricia Bullrich. La prioridad es, indudablemente, reprimarizar la economía.
Julio Argentino Roca (h)-Walter Runciman: ¡¡Qué tiempos aquellos!!
El 1° de mayo de 1933, se firmó el Tratado Roca-Runciman, por el que Argentina se aseguraba la exportación al Reino Unido de una cuota de 390.000 toneladas anuales de carne vacuna enfriada. Roca era el vicepresidente de la Nación cuando Agustín Pedro Justo, uno de los epítomes de la Década Infame, presidía la Argentina. Además, era el hijo preferido del expresidente homónimo, que sometió a los mapuches y tehuelches y era también sobrino de Ataliva Roca, conocido por haber comercializado las tierras usurpadas a los aborígenes por su hermano, en dudosas maniobras. Averigüe el lector qué significaba por aquellos tiempos el verbo “atalivar”.
El Tratado fue leonino para los ingleses, que se aseguraron que el 85% de las carnes fuera faenada en frigoríficos ingleses, que nuestro país aceptara la exención de impuestos a los productos británicos, que se comprometiera a no habilitara frigoríficos de capital nacional, que el Banco Central fuera dirigido por empresarios ingleses y que se adjudicara a empresas inglesas el monopolio de los transportes de la ciudad de Buenos Aires.
Eso sí, el 15% restante de las carnes exportadas al Reino Unido podía partir desde frigoríficos argentinos. Sólo dos de ellos cumplían con los requisitos que exigían los ingleses, el de Buenos Aires y el de Gualeguaychú. Con sólo estos dos frigoríficos, la cuota argentina estaba prácticamente asegurada.
El pasado que vivió alguna vez como tragedia, cuando regresa lo hace en tono de comedia.
