En medio de la salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse y del reordenamiento político dentro del Gobierno nacional, las miradas – por estas horas – están puestas en si el presidente Javier Milei logrará obtener la aprobación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) en el Congreso de la Nación.
El camino ha sido largo e intrincado y entre tantas idas y venidas, la Casa Rosada intenta cambiar su rumbo político y llegar a un consenso con la oposición.
La historia de la Ley Ómnibus
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 27 de diciembre del 2023, pero los resultados no fueron los esperados por el libertario. Si bien se votó en general a favor en aquel momento, el 6 de febrero del 2024 se cayó la sesión al momento del tratamiento en particular.
Tras la desilusión, la bronca y la debilidad por la que atravesó la administración del libertario, el oficialismo no tuvo otra opción que dar el brazo a torcer y eliminar los artículos más polémicos de la ley. El desguace de la norma fue la única alternativa que manejó Milei, por recomendación de sus funcionarios, y tuvo que volver a repensar su forma de negociar, aún con los bloques dialoguistas.
Asimismo, el 1° de marzo, cuando el presidente inauguró el período de las sesiones ordinarias del Congreso, les solicitó a los legisladores nacionales que acompañasen sus iniciativas para firmar el Pacto de Mayo en Córdoba, el 25 de ese mes. Aún así eso tampoco ocurrió, porque Milei se quedó sin su ‘refundación de la Argentina’, ya que –hasta ese momento– la ley no había sido aprobada.
Cabe destacar que si bien la Ley Ómnibus avanzó en Diputados y obtuvo la media sanción el 30 de abril, después de varias jornadas de discusión y modificaciones, los tiempos no fueron los establecidos por LLA, aunque los pases de factura estuvieron presentes entre los funcionarios, más allá de los festejos por la aprobación del proyecto.
El sabor amargo continuó cuando la norma ingresó al Senado de la Nación, porque las negociaciones se empantanaron y la discusión de dilató por semanas. Durante todo el mes de mayo, el flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos y su vicejefe José Rolandi fueron los principales armadores políticos y los interlocutores del Gobierno.
Ambos funcionarios se reunieron con los jefes de los bloques colaboracionistas, pero parte de la extensión del debate se debió a que la oposición convocó a diferentes invitados para exponer en el plenario de las comisiones de de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
Pero las internas dentro del oficialismo se hicieron visibles cuando varios de los senadores ‘dialoguistas’ no terminaban de confirmar su apoyo y solicitaban más modificaciones. Allí, se decidió que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, entrara en la negociación con los espacios cercanos a LLA y así se selló parte del gran acuerdo político, aunque a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no le gustó mucho. Se sabe que la relación entre ellas viene teniendo rispideces, incluso desde antes de que su hermano ganara la elección nacional.
Una firma que tardó, pero llegó
Aunque todavía no hay nada cerrado, el oficialismo consiguió la firma del dictamen que se venía postergando. Al finalizar la reunión de comisión se pasó a un cuarto intermedio porque el proyecto no contaba con el número suficiente para avanzar.
Pero todo cambió cuando llegó Francos al Senado y tanto él como Villarruel se reunieron de urgencia con el santacruceño José María Carambia (Alianza por Santa Cruz), la senadora Guadalupe Tagliaferri (JxC) y el peronista Edgardo Kueider (Unidad Federal) para cerrar el acuerdo. Si bien firmaron en disidencia parcial, el triunfo se lo llevó el Gobierno. De esta manera, el jefe de Gabinete ganó una nueva batalla y sigue sumando poder.
Sin embargo, el obstáculo más relevante que deberá enfrentar el Gobierno en el recinto de la Cámara alta será lograr que los sectores allegados a él no dificulten el debate cuando sea la votación en particular.
Entre los temas que generan mayor discusión se encuentran el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y las privatizaciones de las empresas estatales. Tanto el radicalismo como los bloques federales tienen ciertas dudas de qué sucederá con esos temas que aún quedan en el aire y donde no se han podido saldar las diferencias ideológicas.
De hecho, el senador Martín Lousteau (UCR) aseguró que “los cambios que se le han hecho a la ley son meramente cosméticos, no hay cambios en profundidad”. Y adelantó que presentará su propio dictamen de minoría.
Ahora, la tarea quedará en manos de la oposición y la sesión pasará a realizarse el próximo 12 de junio. Más allá de todo, Milei todavía desconfía de lo que pueda ocurrir y el efecto sorpresa puede dinamitar sus expectativas.
Y sin poner el foco en que, en el caso de sancionarse la Ley Ómnibus, restará que la cámara baja termine de sancionarla, después de cinco meses desde que ingresó en el Congreso de la Nación.
Nada está dicho y la última palabra la tendrán los dialoguistas. De ello dependerá que el presidente rompa o no la relación con el Palacio Legislativo, como ya amenazó varias veces.
