El jueves, el legislador por Republicanos Unidos, Yamil Santoro, y los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron a las “personas que hubieren participado, a título de autores, coautores, instigadores, participes o de cualquier otro modo de participación criminal” de los hechos ilícitos cometidos el 12 de junio de 2024 en las inmediaciones del Congreso.
El escrito explica que la denuncia es por las posible comisión de los delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo
Asimismo, los denunciantes entendieron que, en virtud de lo normado por el artículo 41 quinquies, no puede ser descartado el agravante aquí señalado (terrorismo), dado el tenor de los hechos cuya investigación se solicita, y siendo manifiesta la intención de los involucrados de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado. En este sentido, se pide en la denuncia que se investiguen por “las conductas típicas descriptas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta…”.
Según la presentación de los dirigentes republicanos, “Los hechos aquí denunciados revisten una gravedad institucional que amerita una enérgica y rápida intervención del Poder Judicial, que preserve para el presente y para el futuro de los argentinos, la posibilidad de que las instituciones de la República y la Democracia, funcionen sin ningún tipo de condicionamientos”.
Asimismo, en el texto de la denuncia se expresa que “No se trata aquí de proscribir dirigentes o militantes políticos, ni de cercenar la libertad de expresión o el derecho a manifestarse, sino por el contrario, de penalizar y excluir de la sociedad, si fuese necesario, a todos aquellos que, con sus conductas, atentan contra todos los derechos que, cínicamente, suelen reivindicar como excusa de sus aberraciones cívicas.”