Detenidos en el Congreso: familiares denuncian irregularidades

Detenidos en el Congreso: familiares denuncian irregularidades

El fiscal Stornelli pidió prisión preventiva para los 33 arrestados y les imputó 15 delitos.


Familiares de los 33 detenidos en la protesta durante el debate de la Ley Ómnibus en el Senado denunciaron que fueron trasladados a penales federales bajo órdenes del fiscal Carlos Stornelli. Parte de la larga lista de detenidos la conforman vendedores ambulantes, personas en situación de calle y estudiantes universitarios, todos acusados de delitos graves como “terrorismo” y “sedición”.

El hecho ocurrió en el marco de denuncias por irregularidades en los arrestos que realizaron de las fuerzas federales, incluyendo detenciones arbitrarias, imposición de cargos desproporcionados y falta de transparencia, en un escenario preocupante que emula a tiempos más oscuros del país.

El pasado miércoles se vivió una jornada de máxima tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando la violencia se apoderó de las calles pasadas las 16 a pesar de que hasta el momento la protesta contra la Ley Ómnibus se había desarrollado de forma pacífica.

En un contexto dudoso y en medio de denuncias de presuntos “infiltrados” para generar caos, efectivos de las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich -algunos vestidos de civil- detuvieron a 33 personas durante la protesta cuya atención mediática estuvo puesta en imágenes impactantes como autos incendiados y la represión policial.

Bajo el impulso de desinformación que se difundió en las redes sociales, lo que fue respaldado por el gobierno de Javier Milei en un comunicado, el fiscal federal Carlos Stornelli no dudó en pedir prisión preventiva para los detenidos, acusándolos de “sedición” y “terrorismo”, entre otros 15 delitos contra el orden público.

Familiares reclamaron por los detenidos 

Desde entonces pasaron dos días y la preocupación creció entre los familiares de los 33 detenidos que provienen de distintos orígenes. La lista, en tanto, incluye a activistas sociales, estudiantes, delegados gremiales y hasta un vendedor de empanadas, identificado como Remigio Ramón Ocampo, de 64 años, que fue detenido con su familia, incluida su nieta de 18 años.

“Los policías se le tiraron encima y mis hijas fueron a buscarlo”, explicó Leonor Albornoz, la esposa del vendedor ambulante. La mujer explicó que se lo llevaron a Marcos Paz, mientras que a su hija Belén Ocampo (28) y su nieta Mía (18), ambas de apellido Ocampo, se las llevaron al penal de Ezeiza.

En diálogo con la prensa, algunos familiares denunciaron que estas personas fueron sometidas a interrogatorios en los tribunales porteños de Comodoro Py y trasladados a penales federales de màxima seguridad, luego de que el fiscal dictara la prisión preventiva. Uno de los casos más resonantes fue el de Santiago Adano, músico y activista social, que fue detenido mientras estaba por salir a la boca del subte y trasladado al penal de Marcos Paz.

“Él estaba parado en la vereda entre la gente cuando sale del subte y lo agarran policías de civil por detrás y lo tironean y se lo llevan detenido. Lo empiezan a arrastrar. Así fue como nos enteramos. Lo arrastraron entre 30 policías, lo asfixiaron. Está con la cara roja. Tanto es así que él se descompuso”, relató su hermana Lucila en AM750.

El futuro de los detenidos en manos de María Servini

La jueza María Servini aceptó el caso e interrogó a los primeros diez detenidos bajo la órbita federal. Tras largas audiencias, las defensas solicitaron la liberación de los detenidos, dejando la decisión final en manos de Servini, quien deberá emitir su veredicto durante el transcurso del día de mañana.

Mientras tanto, la jueza tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única magistrada a cargo de los 33 detenidos totales.

Los presuntos delitos tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones, daños y atentar contra el orden constitucional. En ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza que continúen detenidos lo que está pendiente de resolución.

El fiscal Stornelli argumentó que los eventos del miércoles fueron llevados a cabo de manera organizada, con la intención de perturbar el orden constitucional y la vía democrática. Sin embargo, muchos cuestionan la veracidad de estas afirmaciones, especialmente considerando la diversidad de perfiles de los detenidos, que incluyen a miembros de sindicatos, estudiantes universitarios e incluso delegados docentes.

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