El Grupo del Banco Mundial (GBM) invitó al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, a participar del “Foro Mundial sobre Justicia y Estado de Derecho: promoción del desarrollo inclusivo y sostenible”, que se llevó adelante entre los días 25 y 26 de junio de 2024, en la sede del GBM en Washington, D.C. El Foro fomenta el diálogo y la colaboración dentro de un amplio ecosistema de partes interesadas para reafirmar el papel de la justicia y el Estado de Derecho como elemento esencial del desarrollo.
El evento reunió a más de 200 participantes de todo el mundo, incluidos altos funcionarios gubernamentales y judiciales, dirigentes del Grupo del Banco Mundial, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, representantes del sector privado y del mundo académico.
La apertura del Foro estuvo a cargo de Sir Oliver Hart, Premio Nobel de Economía, Universidad de Harvard que se refirió al papel de las empresas, los gobiernos y los tribunales.
Iniciado el evento, en una sesión de análisis se abordo el tema de “La justicia como pilar esencial del desarrollo económico”. Ese panel estuvo conformado por Waleed Malik, especialista Senior del Sector Público, Grupo del Banco Mundial; Tatyana Teplova, Jefa de División, OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); Jan van Zyl Smit, Director del Centro Bingham para el Estado de Derecho del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparativo y Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El moderador de la mesa fue Fabian Seiderer, Gerente de Prácticas de Gobernanza, Grupo del Banco Mundial.
Los integrantes del panel exploraron el papel crucial de la justicia en el impulso del desarrollo económico mediante la aplicación del Estado de Derecho y la creación de un entorno empresarial y normativo estable. Se destacó la importancia de un sistema judicial sólido para defender los contratos y los derechos de propiedad, atraer inversiones y facilitar la expansión económica. Además, la sesión se centró en los beneficios del acceso equitativo a la justicia y la prestación eficaz de servicios judiciales, que aumentan la confianza entre los ciudadanos y las empresas, contribuyendo a la paz social, la riqueza y el desarrollo.
En su presentación, Mahiques expresó que “la transparencia y la previsibilidad son elementos esenciales a la hora de pensar un marco legal y regulatorio sólido que promueva el desarrollo social y económico. Pero para aquellos que estamos dentro del engranaje del sistema de justicia, es importante poner el foco en tres temáticas: el acceso a la justicia, la eficiencia del sistema y la independencia funcional de los operadores de justicia”.
“Para que haya desarrollo económico, debe haber seguridad jurídica. Y para lograrlo, lo primero es garantizar el acceso a la justicia”, agregó.
En ese sentido Mahiques, como Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), analizó junto a procuradores africanos y árabes la situación en aquéllos países, donde los índices de institucionalidad y acceso a la justicia son comparativamente bajos.
Seguidamente realizó un recuento de las estrategias de penetración territorial en su gestión que contribuyeron significativamente a bajar la tasa de sub-denuncia y mejoraron el acceso a justicia de la población. Otro punto que destacó es hacer eficiente el sistema de justicia para lo que se implementó la creación de fiscalías especializadas para mejora la calidad de las investigaciones ya que permite abordar los delitos de manera más adecuada, lo cual redunda en una mayor consistencia en la aplicación de la ley.
A su vez, como Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) Mahiques subrayó que el foco de su gestión en la Asociación es la necesidad de que exista un marco jurídico e institucional diseñado para defender la autonomía funcional de los fiscales y su integridad física. “Esta jerarquización del rol de los agentes fiscales, sumada a la multiplicidad de organizaciones criminales con capacidad de daño, dinero y conexiones con el poder político, implica que, de un tiempo a esta parte, las y los fiscales sean víctimas de constantes embates. Claro está que un fiscal que teme por su integridad física difícilmente pueda cumplir su labor con la independencia e imparcialidad que exige el cargo”.
En esa línea, destacó que “resulta innegable que, para llevar adelante nuestra misión como garantes de la justicia y la paz social, se requiere de un sistema que, además de plasmar los más altos estándares en materia de gestión judicial, garantice en los hechos el respeto a la actividad fiscal y la independencia judicial, como un arma para combatir la corrupción y el crimen organizado y coadyuvar a establecer un clima legal y social propicio para desarrollo”.