A pocos días del 30 aniversario del atentado contra la AMIA, el Gobierno prepara un proyecto de ley que permita realizar un juicio en ausencia contra los libaneses e iraníes que desde hace años se encuentran prófugos en la causa y están acusados como los autores materiales e intelectuales del ataque, respectivamente. Para muchos, la alternativa jurídica del juicio en ausencia es uno de los últimos intentos de llegar a la verdad en la investigación del atentado más sangriento que sufrió la Argentina en su historia.
El proyecto está siendo ultimado por los ministerios de Justicia y Seguridad y el secretario Legal y Técnico de la Presidencial Javier Herrera Bravo para entregarle al presidente Javier Milei, antes del 18 de julio cuando se recuerden a los 85 muertos por el ataque, según publicó el diario Clarín.
Hasta ahora, el ataque ejecutado por el Hezbollah del Líbano y ordenado por Irán, según la Justicia argentina, sigue sin un solo responsable condenado tanto de la conexión local, como la internacional. La paradoja es que se condenó por irregularidades al ex juez Juan José Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pero a ninguno de los responsables del ataque terrorista.
La apuesta de Milei es, desde el punto de vista político, audaz porque ya el ex presidente Mauricio Macri en 2017 intentó sin éxito buscar consenso en el Congreso para un proyecto parecido de “juicio en ausencia”. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde esa época viene impulsado la instauración de esta figura procesal. Su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se abstendrá de participar del debate porque en los noventa como abogado particular defendió a uno de los policías acusados, entonces, en la causa.
Los defensores de este proyecto de ley explican que “no es inconstitucional” porque se trata de modificar normas de procedimiento del Código Procesal Penal y no leyes.
La discusión gira alrededor del artículo 18 de la Constitución que dice que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
El proyecto- al que el Gobierno en forma reservada le da sintonía fina- supone solo cambios en el Código Procesal Penal y respetar el derecho a la defensa de los imputados nombrando un defensor de oficio y todas las instancias de revisión de una eventual condena.
