En horas de tensiones con el Pro y Hacemos Coalición Federal, que demoraron su organización, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reunió este jueves a los jefes de los bloques dialoguistas en la Casa Rosada. El encuentro había sido convocado por el Gobierno para empezar a discutir la reforma política que quiere impulsar Javier Milei, pero terminó centrándose en asuntos que preocupaban a los aliados del oficialismo.
Principalmente, tenían dudas sobre el compromiso del oficialismo para “respetar el espíritu” de la Ley Ómnibus en la reglamentación. Y en el caso de Cristian Ritondo, por la coparticipación de la Ciudad.
En el concurrido encuentro en las oficinas de la vicejefatura del Interior, hablaron del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en particular, de la industria de hidrocarburos; del paquete fiscal, con el mínimo no imponible de Ganancias como eje. Y Ritondo planteó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Le advirtió a Francos que no respetarlo implicaría dañar la seguridad jurídica del país, y después, Miguel Pichetto (Hacemos) se ocupó de sumarle apoyo: “Somos solidarios con el planteo que hizo Ritondo. Hay una sentencia de la Corte Suprema y hay que cumplirla”, remarcó.
A la salida, tanto el dirigente de Pro como Pichetto y Rodrigo De Loredo (UCR) hablaron de su “preocupación” sobre distintos temas con la prensa acreditada en la Casa Rosada. “Nos embarga una preocupación por lo que implica la reglamentación de una multireforma”, dijo el referente radical.
“Se reglamentó el blanqueo y la moratoria, y decían que estaban por sacar la reglamentación de Ganancias, del sistema hidrocarburífero y la reglamentación de RIGI. Corresponde la preocupación. Tanto nos costó la ley Bases, que queremos saber si las partes están en condiciones de ponerse en marcha”, agregó.
Los referentes legislativos están inquietos por las demoras y el hermetismo con los cuales el Gobierno maneja el proceso de puesta en marcha de la norma del oficialismo, de la que se ocupan el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la soldada de Santiago Caputo, María Ibarzábal, y con la que ellos contribuyeron en la Cámara baja. De hecho, hubo un pedido expreso para que les manden los documentos con la reglamentación a los bloques que ayudaron a aprobarla, para revisarla. “Solicitamos poder verlas”, dijeron.
En este clima de tensión, adelantaron que antes de que se despejaran esas dudas no empezarían a discutir la próxima agenda legislativa. Y no se discutió el Consejo de Mayo que el Ejecutivo acaba de publicar en el Boletín Oficial con un plazo de 30 días para que cada sector presente a sus delegados.
El Gobierno tenía planeado avanzar con pies de plomo con la propuesta de reforma política con la que el Pro manifestó reparos, específicamente por la eliminación de la PASO. Francos escuchó los planteos y los reclamos, y dio respuestas vagas, sin definiciones por el momento.
“Guillermo les informó sobre avance de la reglamentación de la ley bases y paquete fiscal, hablaron sobre los lineamientos de la agenda legislativa a futuro e informaron que a la tarde van a presentar la reforma política”, informaron desde sus oficinas, en la planta baja de la Casa de Gobierno donde funcionaba el Ministerio del Interior. Y aseguraron que la charla no fue tensa, sino descontracturada.
El Gobierno está interesado particularmente en avanzar con la eliminación de la PASO, pero el Pro mostró reparos y busca una solución intermedia: que se mantengan, pero que no sean obligatorias y que los partidos se hagan cargo de las boletas.
Según los cálculos del Gobierno, que tiene como objetivo eliminar las erogaciones en las primarias, esta diagonal permitiría reducir aproximadamente en un 40 por ciento los gastos, que en los comicios del año pasado representaron 52 millones de dólares. Lo cual derivaría en que la administración nacional deba afrontar el restante 60 por ciento. Por ahora se reservaban la estrategia de negociación para que el resultado les convenga a todos. “Vamos a ir a empezar un diálogo sincero, ni empezamos a negociar”, se limitaban a decir en la Jefatura.
El otro gran proyecto es el de ficha limpia, una propuesta histórica de Pro con la que el Gobierno tiene sus reparos. “Puede ser inconstitucional impedirle a alguien participar de una elección”, deslizó un funcionario en un pasillo de la Casa Rosada, esta semana. Y si bien con la Boleta Única de Papel (BUP) hay mayor consenso, la falta de coincidencia sobre los dos primeros puntos plantea problemas de antemano. Sin embargo, el ministro coordinador de Milei tiene planeado avanzar con cuidado, para no herir susceptibilidades después de que el Presidente lo encargara de la sanación del vínculo.
