Finalmente los roces se apaciguaron y no hubo crisis. Los primeros resquemores quedaron saldados. Pero fue necesaria una cumbre entre las nueva cúpula de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las máximas autoridades de la Procuración General de la Nación para limar las asperezas que dejó un traspié del Gobierno.
Todo comenzó cuando, orientado por el asesor multipropósito de Javier Milei, Santiago Caputo, se refundó por decreto de necesidad y urgencia la nueva SIDE, al frente de la cual se encuentra Sergio Neiffert y los directores del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Walter Colombo; de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Pablo Cecati; de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein. Completa el esquema la División de Asuntos Internos, con un director aún por designar.
En ese decreto 614/2024 se mencionaba que era necesario pedirle al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía especializada de inteligencia. El DNU plante que “el Ministerio Público Fiscal de la Nación que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sus órganos desconcentrados”.
Se trata al menos de un descuido, ya que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, que no depende del Poder Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Congreso, y que en el marco de su independencia tiene autonomía funcional y la facultad de organizarse como mejor le convenga.
Con lo que la letra del DNU cayó como un baldazo en la Procuración. No es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo quisieron avanzar con el diseño de fiscalía especializadas (Mauricio Macri quiso la de extinción de dominio; Alberto Fernández, la del Covid, y Milei, la anticorrupción) y no tuvieron éxito.
Antes del DNU ya habían llegado los rumores a la Procuración de que algo en ese sentido se estaba gestado en esta reforma con el pedido de esta fiscalía de inteligencia. Por eso es que hicieron llegar mensajes a la oficina de Santiago Caputo, donde se gestaba el decreto.
Pero al parecer no fueron escuchados los mensajes enviados a María Ibarzabal Murphy, la funcionaria que en abril asumió al frente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo –cruzó el mostrador desde el estudio jurídico Cassagne– para ser la voz de Santiago Caputo en la reforma del Estado. Y en la letra del DNU apareció el pedido para crear la fiscalía de inteligencia.
El procurador Casal, con elegancia y sin estridencia, rechazó la pretensión del Gobierno en una resolución que lleva su firma. Allí recordó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación “es un organismo con autonomía funcional” y que entre sus atribuciones está “diseñar y fijar la política general de la Institución y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública, crear procuradurías y unidades especializadas”. Pero que “la organización y creación de las estructuras que dependen de la Procuración General de la Nación obedece a un criterio de especialización que tiene por finalidad tornar más eficiente la persecución penal de los delitos” y las fiscalías especializadas tiene competencia temática.
Es decir, que hay fiscalía de drogas, de lavado, de trata, pero que los asuntos de inteligencia pueden ser transversales a todas, por lo que la creación de una unidad especializada en inteligencia vaciaría al resto.
Por eso es que Casal decidió que sea la Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Juan Manuel Olima Espel, quien cumpla esas funciones. Ese funcionario, que en la práctica es la mano derecha de Casal, se encarga de las relaciones institucionales, en el ámbito interno y externo, y “facilita la interconexión entre las fiscalías, procuradurías especializadas y unidades fiscales” que funcionan en la Procuración.
Olima Espel es quien establece vínculos con los demás poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos nacionales e internacionales, y de este modo, ante una novedad de la central de Inteligencia, podrá distribuirla entre las fiscalías según su especialidad.
Ventaja aparte es que, de este modo, se favorece la transparencia y se evitan relaciones impropias entre espías y fiscales, teniendo en cuenta que el Poder Judicial ya se vio contaminado con prácticas de los servicios de inteligencia, que durante el kirchnerismo se valieron del armado de causas para operaciones políticas y negocios económicos.
Tras la firma de la resolución, las asperezas se limaron, luego de una reunión de alto nivel en la sede de la SIDE, de la que participaron el propio Olima Espel y la cúpula del organismo de inteligencia. Intervinieron los especialistas de la SIDE en asuntos jurídicos para establecer las pautas para comunicar la información, los recaudos de confidencialidad y cómo encausarla en investigaciones penales preparatorias (y no en “precausas”, que fueron usadas en el pasado con fines pocos claros) y en causas judiciales ya iniciadas.