En reunión especial del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad se trató el pedido de juicio político impulsado por el defensor general porteño, Mario Kestelboim, contra el accionar de la jueza de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Fernanda Botana en el desalojo de un hotel del barrio de Constitución que dejó más de 30 familias en la calle. Ante la presencia de los 9 consejeros porteños se presentaron los dos dictámenes firmados por la Comisión de Disciplina y Acusación, uno de mayoría que proponía el archivo el expediente, y otro de minoría que apoyaba el inicio del proceso acusatorio.
El juez Gustavo Letner resaltó los fundamentos del dictamen de mayoría, destacó que ?la conducta de la jueza Botana se ajusta a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal de la Ciudad? y que ?no se ha verificado en el trámite de la causa en cuestión ninguna conducta por parte de la magistrada actuante que pueda constituir causal de acusación conforme el artículo 122 de la Constitución de la Ciudad; como así también, tampoco se observa la comisión de una eventual falta disciplinaria?.
Con el voto de 7 consejeros (Gustavo Letner, Sebastián De Stéfano, Laura Grindetti, Gisela Candarle, Ricardo Baldomar, Alejandra Petrella y Javier Concepión), se aprobó en general la desestimación de la denuncia sin más trámite, aunque dos de los consejeros que apoyaron el archivo (la jueza Alejandra Petrella y el abogado Javier Concepción) aclararon que no compartían los fundamentos del dictamen de mayoría y emitieron su voto con argumentos propios. Petrella hizo hincapié en que si bien la conducta de Botana ?no encuadra en una conducta que amerite el jury? se debe señalar que el procedimiento de desalojo debe tener en cuenta el derecho a la vivienda y la legítima defensa. Concepción, por su parte, planteó en su voto la necesidad de ?hacer recomendaciones de tipo técnico sobre protocolos de actuación común entre los integrantes del Ministerio Público?. El abogado Daniel Fábregas reiteró su posición, expuesta en el dictamen de minoría, a favor de darle curso a la denuncia para iniciar el proceso acusatorio, postura que fue apoyada por el presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos.
Tras resolver la desestimación de la denuncia contra la jueza porteña, Olmos presentó un proyecto de resolución para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad efectúe un pronunciamiento en pos de ?velar por el correcto funcionamiento del Poder Judicial? en lo relativo a los procedimientos penales por el delito de usurpación.
?Como órgano rector de la Justicia de la Ciudad, debemos asumir nuestra responsabilidad de hacer un control institucional de la situación política y social generada a partir del caso denunciado y formular algunas consideraciones en torno a la problemática ventilada. La actuación de la magistrada ya a sido suficientemente analizada por este órgano y, por mayoría, se ha resuelto la no apertura del proceso de acusación. Sin embargo, de lo analizado podría inferirse que el sistema judicial no estaría dando respuestas a la problemática social que surgen de casos como este?, expresó Olmos, resaltando la necesidad de hacer un llamado de atención a los actores de la justicia, y también advertir a la Legislatura sobre la problemática social que se genera en torno a los procedimientos de desalojos enmarcados en la normativa vigente.
Ante este planteo, el juez Ricardo Baldomar señaló su apoyo a realizar una recomendación como la presentada por Olmos pero aclaró que su voto se fundamenta en la necesidad de corrección de la normativa para ayudar a evitar nuevos cuestionamientos en procesos de desalojos, ya que los jueces Penales, Contravencionales y de Faltas ?nos encontramos ante una norma con una zona gris?.
Con 5 votos a favor (Olmos, Baldomar, Fábregas, Petrella y Concepción) y 4 en contra (Letner, De Stéfano, Grindetti y Candarle) el Consejo de la Magistratura resolvió: ?Invitar a los jueces y juezas que intervengan en las causas en las que proceda la restitución de inmuebles ?en el marco de las facultades y atribuciones que le son propias- extremen los recaudos tendientes a propiciar la desocupación voluntaria, instando asimismo a que su intervención al momento del lanzamiento, a la totalidad de los organismos competentes; a fin de morigerar la situación social producida, particularmente cuando se encuentren involucrados niñas, niños, personas con capacidades especiales y/o toda otra población de riesgo?.
La resolución también invita a los actores del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa a avanzar en el trabajo de la comisión creada con el objeto de acordar un protocolo de actuación conjunto, sumando a dicha mesa de trabajo a la Asesoría Tutelar. Y se aprobó poner en conocimiento a la Legislatura de lo resuelto para que estime si es necesario modificar o no la normativa procesal penal en lo concerniente a desalojos.
