Este martes, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Familias, Niñez y Juventudes; de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputado de la Nación se reunió para avanzar en el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esta iniciativa busca reformular el tratamiento legal de los menores de edad en el ámbito penal.
Sin embargo, la discusión quedó inconclusa y continuará la próxima semana, debido a los diversos proyectos que engloban la temática y así lo remarcó la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), quien aseguró que todos los diputados que tengan proyectos “serán escuchados”.
La baja de edad de imputabilidad
La cuestión central del debate giró en torno a la reducción de la edad de imputabilidad y los distintos bloques presentaron sus propias propuestas. En tanto, mientras el oficialismo aboga por reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, la alianza entre el Pro y la UCR propone fijarla en 14 años. Todos los proyectos coinciden en la necesidad de crear dependencias adecuadas para los menores, que incluyan programas educativos, deportivos y de capacitación laboral.
Durante la jornada, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) presentó y defendió su propio proyecto de ley. La propuesta contempla la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque solicita un plazo de tres años para implementar las infraestructuras necesarias para la detención y rehabilitación de los adolescentes.
En sus palabras, el bonaerense destacó la importancia de considerar la responsabilidad tanto de los menores como de los adultos: “Este Código de Responsabilidad Penal Juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de la responsabilidad de un menor tiene que hablar de la responsabilidad de un mayor”.
Diferentes miradas
Por su parte, la chubutense Eugenia Alianiello (UP) expresó su desacuerdo con la simple reducción de la edad de imputabilidad. En su intervención, hizo un llamado a construir consensos y enfatizó la necesidad de herramientas de resocialización y de un enfoque que respete la dignidad de los adolescentes. “Perder la libertad es el castigo, pero no se puede permitir perder la dignidad”, afirmó.
Asimismo, el legislador nacional Martín Yeza (Pro) defendió la necesidad de una reforma que fije la edad de imputabilidad en 14 años y argumentó que ese es el estándar internacional. También, criticó el llamado “garantismo judicial” y puso énfasis en la importancia de pasar a una lógica de justicia que contemple la rehabilitación de los menores.
Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado
A su vez, el plenario de las comisiones dictaminó sobre el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafia. Aunque cabe destacar que la normativa incluye una cláusula controvertida: todos los miembros de una organización criminal serían penados con la condena máxima correspondiente al delito más grave atribuido a su grupo.
De esta manera, la diputada Patricia Vázquez (Pro) subrayó la utilización de menores por parte del narcotráfico y planteó que las consecuencias punitivas podrían servir como elemento disuasorio.
