En los últimos días, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se ha visto envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación.
En junio de 2024, TEGI Limited, una compañía de capitales israelíes, presentó una oferta formal para adquirir un remanente de carbón que YCRT tenía almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. La compra de las 30.000 toneladas de carbón, con un precio promedio de US$70 por tonelada, fue vista como una oportunidad para la compañía israelí, que planeaba vender el carbón a países como China e India.
A pesar de que el carbón ofrecido era de baja calidad, con altos niveles de ceniza y en condiciones de combustión, la operación habría significado un alivio para YCRT, que atraviesa una situación crítica. La minera estatal perdió cerca de US$140 millones el último año, cuenta con más de 2.100 empleados y acumula deudas millonarias. Además, su producción mensual ha caído a unas escasas 5.000 toneladas, muy lejos de su capacidad máxima.
El acuerdo propuesto por TEGI no solo buscaba concretar esta compra inicial, sino que también abría la puerta a un contrato a largo plazo que implicaría la compra de hasta 700.000 toneladas de carbón al año, por un valor de más de 100 millones de dólares en dos años.
El freno por la “intermediación”
Cuando todo parecía estar en marcha, un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio que está en la denuncia, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.
En la grabación, se escucha a Gross y Salemme negociar con Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, quien se mostró sorprendido y en desacuerdo con la solicitud. Yarke dejó en claro que la empresa israelí no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y que ya tenían contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios.
Gross, quien en un principio se mostró como un actor clave en la operación, luego reconoció haber exagerado su influencia. En declaraciones al medio argentino, Gross admitió haber cometido un error: “Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así”. También afirmó que no tenía el poder que había insinuado tener durante la negociación.
Por su parte, Salemme calificó su participación como “infantil”, pero negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Aseguró que, como broker, su trabajo consistía en acercar a las partes y facilitar la concreción de negocios. Sin embargo, la intermediación de ambos fue rechazada por TEGI, que ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación.
El rol de Cancillería
Otro de los puntos que complicó la operación fue el papel de Cancillería. Según explicó Yarke, la compañía israelí había sido contactada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, lo que les permitió iniciar las negociaciones con YCRT.
Desde Cancillería, buscaban promover la primera exportación de carbón de Río Turbio en cinco años, lo que le daría un impulso significativo a la producción de la minera estatal.
A pesar de este apoyo diplomático, el intento de mediación por parte de Gross y Salemme llevó a que TEGI frenara las negociaciones, frustrando así la posibilidad de una exportación que habría aliviado la situación financiera de YCRT.
El interventor de YCRT, Thierry Decoud, negó cualquier vinculación con los intermediarios. Afirmó que, como empresa del Estado, YCRT no puede pagar comisiones ni contratar brokers, y que no tuvo ningún tipo de contacto con Gross y Salemme durante el proceso.
Sin embargo, Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, lo que ha generado suspicacias sobre su posible involucramiento en la trama de corrupción.