La Casa Rosada sumó a Martín Menem, presidente de la Cámara baja y hombre de Karina Milei, pero la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, distanciada del poder central, no formó parte de la partida.
En principio, el encuentro de este miércoles entre las dos cabezas de política y economía del Gabinete y los referentes parlamentarios violetas tuvo dos objetivos. Por un lado, que Caputo les transmitiera a los jefes de las comisiones clave los detalles del proyecto, aquellos puntos que no se pueden negociar y los que son conversables. Por otro, que Francos les planteara las directivas iniciales para la negociación con aliados y opositores duros y unificar tácticas y estrategias.
Pasadas las 13, los libertarios revelaron que está firme la intención de debatir en paralelo en ambas cámaras el proyecto para evitar “arrancar de cero” en el Senado y ver nuevamente cómo las discusiones se prolongan ad eternum. Además, tienen previsto reunirse con todos los jefes de bloque, incluidos los de la izquierda y el kirchnerismo, si es que aceptan la propuesta.
Hay una duda central de cara a la etapa que viene. No está claro, todavía, si Luis Caputo irá en primera persona a exponer sobre el presupuesto o mandará a alguno de los miembros de su equipo, como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y/o de Hacienda, Carlos Guberman. Desde ya, hay expectativa en los otros bloques, que esperan una exposición del máximo responsable de la política económica -después del Presidente-. Según eludieron en Economía, el funcionario todavía no recibió una convocatoria formal, y lo va a definir cuando la haya recibido. “La idea es empezar la semana que viene”, adelantaron los libertarios desde el Congreso.
Más allá de estas discusiones de rigor, el Gobierno parte de la base de que es probable que le cueste conseguir los votos para aprobar el proyecto tal como lo necesita. Por lo bajo dicen que la gestión económica en 2025 continuará con “remaches” del presupuesto anterior, según expresaron en reuniones en off the record durante los últimos días. Mientras tanto, los bloques no libertarios empezaban a leer la letra chica y a plantear posturas, de manera informal.
En la sede de la administración nacional aspiran a terminar el debate entre uno y dos meses, es decir, que como máximo quieren tener la ley aprobada y sancionada a fines de noviembre. De todas formas, no hablan de tiempos en voz alta: después de los repetidos cambios de planes y plazos que atravesaron con las anteriores discusiones legislativas, prefieren la cautela.