El martes a las 13, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitirá dictamen sobre varios proyectos que proponen modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, de Convenciones Colectivas de Trabajo y de Empleo. Además, se ponen en juego cambios que podrían afectar la estructura y el funcionamiento de los sindicatos en la Argentina, como la alternancia en la conducción sindical, la paridad de género y la transparencia en la administración de los gremios.
La propuesta llevó un intenso debate durante las reuniones previas, en las que diversas voces se manifestaron tanto a favor como en contra. Entre los principales puntos que se discutirán figuran la limitación de las reelecciones indefinidas para los dirigentes sindicales, la creación de un cupo femenino en las dirigencias, la eliminación de la llamada “cuota solidaria”, y la posibilidad de que los afiliados a los sindicatos puedan cambiar de obra social tras un período de tres meses desde el inicio de su relación laboral. Aunque cabe destacar que el bloque de Unión por la Patria ya anticipó su rechazo a las modificaciones propuestas.
De la Ley Mucci a la reforma actual
La iniciativa impulsada por el presidente de la comisión Martín Tetaz (Evolución Radical), en gran medida, se inspira en los esfuerzos previos por democratizar el sistema sindical en el país. De esta manera, el diputado tomó la propuesta que presentó el expresidente Raúl Alfonsín en 1983, conocida como la “Ley Mucci”.
Este proyecto, que buscaba modernizar y transparentar las estructuras sindicales, terminó naufragando en el Congreso de la Nación debido a la férrea oposición de los gremios mayoritarios. Sin embargo, el espíritu de aquella ley resurgió en la actualidad, con propuestas que nuevamente apuntan a garantizar la alternancia en los liderazgos sindicales.
En este sentido, Tetaz señaló que los sindicatos “se han convertido en empresas comerciales” y que es necesario recuperar su función social. Para lograrlo, su propuesta incluye la obligación de que las asociaciones sindicales presenten informes anuales de gestión y establezcan una comunicación fluida entre los órganos internos y los afiliados. Además, plantea que los dirigentes solo podrán ser reelegidos una vez, y que deberán esperar cuatro años para volver a postularse para un cargo en la misma asociación.
La limitación de las reelecciones indefinidas es uno de los puntos más controvertidos de la reforma. Durante las reuniones previas, representantes sindicales manifestaron su desacuerdo y calificaron esta propuesta como “arbitraria y prejuiciosa”. Sin embargo, expertos en derecho laboral, que fueron consultados por la comisión, coincidieron en la necesidad de poner fin a los mandatos vitalicios en las dirigencias sindicales y consideraron que la alternancia es un pilar fundamental de la democracia interna de los gremios.
Obras sociales y cuota solidaria
Otro aspecto de la reforma es el manejo de las obras sociales. Actualmente, los afiliados a un sindicato deben permanecer en la obra social correspondiente por un tiempo prolongado antes de poder cambiarse a otra. La iniciativa presentada por el radical Tetaz propone que esta restricción se reduzca y así permitirles a los trabajadores cambiar de obra social después de tres meses de iniciado el vínculo laboral. Esta medida apunta a brindar mayor libertad a los afiliados, quienes muchas veces se ven atados a obras sociales que no consideran adecuadas.
A su vez, el proyecto plantea eliminar la “cuota solidaria”, un aporte obligatorio que los trabajadores no afiliados a un sindicato deben pagar cuando se benefician de los convenios colectivos negociados por dicho gremio. Para los defensores de la reforma, esta contribución resulta injusta, ya que obliga a los no afiliados a financiar a una entidad de la que no forman parte. En contrapartida, algunos sectores sindicales argumentan que la eliminación de esta cuota podría debilitar a las organizaciones gremiales, que utilizan esos fondos para sostener sus actividades.
Paridad de Género y la participación de las minorías
La reforma sindical también incluye disposiciones sobre la paridad de género en las dirigencias gremiales. En línea con las leyes de cupo que ya rigen en otros ámbitos, el proyecto propone que las mujeres ocupen un porcentaje mínimo de los cargos en las comisiones directivas de los sindicatos. Esta iniciativa se suma a otros proyectos de ley que buscan garantizar la participación femenina en espacios de decisión en distintos sectores de la sociedad.
Asimismo, se contempla la representación de las minorías dentro de las estructuras sindicales, una demanda histórica que busca asegurar que las voces disidentes dentro de los gremios también tengan espacio en las decisiones internas. En este aspecto, la reforma prevé mecanismos para garantizar la fiscalización estatal sobre los procesos electorales de los sindicatos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y evitar prácticas que puedan perjudicar a las listas opositoras.
Resistencia sindical
A pesar de que la reforma sindical cuenta con el apoyo de algunos sectores políticos y sindicales, enfrenta una fuerte resistencia por parte de los gremios más poderosos. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su preocupación por lo que consideran una “intromisión” del Estado en la vida interna de los sindicatos. Este tipo de medidas, argumentan, vulneraría la autonomía y libertad gremiales, principios fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CGT, que en los años ´80 también se opuso a la Ley Mucci, señaló que las propuestas actuales buscan debilitar a las organizaciones sindicales y podrían derivar en una fragmentación del movimiento obrero. En este sentido, los acuerdos que se generen en torno al dictamen de mayoría que salga de la comisión serán claves para determinar los votos que pueda cosechan en el recinto e ir por la reforma sindical.
