La Justicia le dio este miércoles un revés al Gobierno cuando desestimó la denuncia que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le hizo al líder de los pilotos, Pablo Biró. Fue justo una semana después de que la funcionaria nacional anunciara que había ido contra el gremialista que la administración de Javier Milei tiene en el foco de la mira, a quien había acusado por “incitación a la violencia”.
Esto tras dichos que Biró había pronunciado en una radio, donde aseguró que el conflicto en la línea aérea de bandera se iba a poner “mucho peor” desde ese momento en adelante, mientras se recrudecían los embates desde Balcarce 50.
El fiscal Franco Picardi le envió un escrito al juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado había recaído la denuncia, para avisarle que no instruiría ninguna causa contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Mientras tanto, desde el sindicato abonaron esos dichos. “El fiscal directamente descartó la denuncia”, indicaron a este medio.
El vocero del sindicato, Juan Pablo Mazzieri, se expresó en X en el mismo sentido: “La Justicia desestimó la denuncia penal contra Pablo Biró de APLA. Estamos fuertes. Estamos convencidos”.
Biró celebró la decisión del fiscal Picardi y le recordó a Bullrich que esta es la segunda presentación en su contra que queda dada de baja. “Esta campaña de demonización se les va a empezar a caer”, advirtió.
La Justicia desestimó la denuncia penal contra Pablo Biro de @aplapilotos .
Estamos fuertes.
Estamos convencidos.
✈️🇦🇷👨✈️👩✈️💪— Juan Pablo Mazzieri (@juanpimaz) September 25, 2024
Qué dijo el Gobierno
La ministra de Seguridad le respondió al gremialista. “Si él deja de parar el país, nadie lo va a demonizar. Si él amenaza, seguiremos por el camino de la denuncia”, le avisó y se limitó a decir sobre la decisión de Picardi: “Si así lo considera…”.
La medida no cayó bien en su cartera. Quien esbozó una réplica aún más fuerte fue el jefe legal del ministerio, Fernando Soto, que tildó como “una vergüenza” que ni siquiera se haya admitido la investigación.
“Es una decisión política más que jurídica, porque los fiscales están para investigar, no para desestimar. Impedir que se investigue la posibilidad de la comisión de un delito de amenazas coactivas hace que el fiscal se arrogue la suerte de la investigación, que si bien es una facultad, su decisión está teñida de una motivación política”, arremetió el funcionario, contra Picardi.
