El conflicto por la construcción de edificios en el barrio de Caballito continúa. Este lunes la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra Petrella, ordenó al Gobierno porteño que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona, hasta tanto se resuelva el fondo de la acción de amparo presentada por un grupo de vecinos de la zona.
La jueza sostiene en su fallo que "se desconoce por completo -y para ello deberán instrumentarse las pruebas pertinentes- qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico que se produciría si por cada lote en donde existía una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más de diez o quince familias. Particularmente considerando que del relevamiento efectuado se desprende que ya existen en la zona problemas de presión agua y saturación y colapso de cloacas".
Asimismo, Petrella señaló que "la Constitución rechaza el concepto del ‘contaminador pagador’: obliga a preservar y defender, antes de recomponer. Cuando todo tiene precio, nada tiene valor; y es en situaciones como éstas cuando debemos optar por darle valor al entorno que nos cobija, como hace nuestra Ley principal".
El demandante Mario Oybin aseguró: "Estamos ante una sentencia ejemplar que condena la afectación ambiental y urbanística. Si bien se sienta un precedente importante, ya que no se permiten obras nuevas, seguiremos adelante con la acción para que también se detengan las obras en curso. El fallo de la Jueza es muy bueno y nos permite seguir adelante sin la preocupación por la aparición de nuevos emprendimientos. Ahora vamos por el resto del Barrio de Caballito, en particular por las torres de 32 pisos que no tienen permiso de obra".
"Es un fallo pionero, que sienta jurisprudencia y la pone un freno a la inversión sin planificación", señaló Osvaldo Sidoli, uno de los abogados patrocinantes de la acción. "La jueza ponderó el principio de precaución por sobre la especulación inmobiliaria", refirió Alejandra Butti, letrada del mismo juicio.
En tanto, el diputado porteño Sebastián Gramajo (Frente para la Victoria) afirmó que "la medida cautelar que supeditó a un estudio de impacto ambiental las nuevas construcciones en la Barrio de Caballito es un fallo ejemplar".
Ante las reiteradas manifestaciones de vecinos de distintos barrios porteños en repudio a las indiscriminadas construcciones edilicias, Gramajo presentó un proyecto declarando la emergencia urbana en la zona por un periodo de 15 años con la finalidad de evitar el colapso en el la red de suministro de servicios públicos básicos como agua y gas.
En ese sentido, el legislador se mostró en total acuerdo con la medida cautelar planteada por Petrella. "La cantidad de obras que se vienen realizando están generando una desmesurada variación en las condiciones de vida de los vecinos ya que la infraestructura existente resulta insuficiencia e inadecuada para abastecerlos. Es un deber indelegable del Estado anteponer la calidad de vida de los vecinos por sobre el mero rédito económico perseguido por las empresas constructoras", agregó.
Por su parte, la diputada porteña del Frente para la Victoria, Beatriz Baltroc, también expresó su apoyo a la decisión de Petrella. Al respecto, Baltroc presentó a principios de este año un proyecto de ley que rezonifica a esas manzanas de Caballito (y también a las de otros barrios), para limitar la edificación de edificios de muchos pisos, en sintonía con lo que reclaman las asociaciones vecinales, que denuncian que la infraestructura de servicios del barrio está colapsada.
Sobre el tema, Baltroc sostuvo que "el actual Código de Planeamiento Urbano no contempla la nueva realidad que viven los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires frente al boom de la construcción; la discusión sobre el tipo de ciudad que queremos no puede ser establecida por el mercado sino por los vecinos junto al Estado y los legisladores". Además, recordó que es en el marco del Consejo del Plan Urbano Ambiental que se discute actualmente entre todos los sectores interesados.
Además de las iniciativas de Gramajo y Baltroc, presentaron en la Legislatura porteña relacionados con la problemática los diputados Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria) y Álvaro González (Juntos por Buenos Aires).