La Resolución 592/08 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad detonó un nuevo conflicto dentro del Poder Judicial porteño. La Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad (AEJBA), en rechazo a la creación de un adicional para jueces y funcionarios, realizó dos paros -uno en la primera semana tras la feria invernal y otro el pasado jueves-. Ante las fuertes argumentaciones y críticas del gremio de trabajadores judiciales, el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad, describió su posición ante nuestro medio.
"No constituye un aumento de las remuneraciones sino la incorporación de un adicional", remarca la Comisión Directiva de la institución.
Una de los puntos más cuestionados del adicional del 10 por ciento concedido a jueces y funcionarios, fue la de no haber tenido difusión y haber dejado fuera de la discusión salarial al gremio de empleados. Remarcando que "la petición" fue "formulada verbalmente en el plenario del día 8 de abril, en el que estaban presentes todos los involucrados en la discusión de mejora salarial, y precisada por escrito el día 14", el Colegio subrayó que en dicha oportunidad el Consejo admitió "la totalidad de las solicitudes adicionales al porcentaje general de amento" que "efectuaron los gremios", y rechazó las formuladas por las instituciones que nuclean a magistrados y funcionarios.
"Este Colegio representa los intereses de sus asociados pero ello de ninguna manera implica que exista de parte de los Magistrados y Funcionarios un desprecio por la suerte del resto de los integrantes del Poder Judicial. Por el contrario, histórica y coherentemente hemos formulado peticiones que los comprendían y nunca hemos obstruido aquellas decisiones del Consejo de la Magistratura que los colocan por encima del nivel salarial con el que son retribuidas las mismas tareas en el resto de las jurisdicciones, incluso la nacional", expresó la institución presidida por el camarista Marcelo Vázquez.
Y agregó: "Lamentamos la errónea apreciación y la tergiversada difusión de su alcance, pero estamos seguros que no se alterará la relación armónica y de mutuo respeto que vincula a quienes ejercen la jurisdicción y tienen una elevada responsabilidad institucional con aquellos trabajadores que coadyuvan a la prestación del servicio de justicia".
Finalizando, manifestaron "perplejidad y desconcierto" al "recordar que frente a una disposición similar adoptada en 2005 por el Consejo de la Magistratura en beneficio de unos pocos funcionarios de su organigrama, no se produjo una reacción similar a la actual", y tampoco fue cuestionada la recategorización de los empleados y funcionarios del Consejo, decisión que en su momento "benefició arbitraria y reiteradamente a algunos en desmedro de otros, especialmente los empleados de la jurisdicción".
